Crecimiento frágil

2 abril 2019

Escrito por Alfonso De la Torre

El gabinete Del Solar arranca cogiendo un fierro caliente: el conflicto minero entorno al proyecto de Las Bambas, en Apurímac. Eduardo Dargent ya ha advertido en este Diario que el conflicto corre el riesgo de convertirse en ‘la Conga, Tía María o Bagua de este gobierno’. Razón no le falta. La conflictividad social no solo ha generado importante pérdidas humanas y económicas, sino que durante los últimos veinte años también han puesto en jaque a sucesivos gobiernos.

Ciertamente, el Perú paga la ausencia del Estado a lo largo de su territorio, permitiendo que demandas económicas, laborales y ambientales se acumulen. También resulta evidente que en más de una ocasión existen personas que buscan pescar a río revuelto cuando demandas legítimas intentan hacer escuchar su voz, incentivando la violencia y bloqueando el diálogo. Otros factores, como el diseño de la regionalización, el comportamiento previo de las empresas mineras y un Poder Judicial todavía incapaz de canalizar conflictos de manera ordenada también juegan su rol.

No obstante, todo esto no alcanza para explicar por qué los conflictos, en particular los mineros, se convierten en crisis políticas capaces de tirarse abajo a gabinetes enteros. Evidentemente, las protestas que involucran actividad minera adquieren una relevancia especial por su repercusión sobre la economía. Por ejemplo, el IPE estima que la paralización de Las Bambas le costaría al país el 5% de sus exportaciones, mientras que el Ministerio de Energía y Minas estima que el sector minero contribuirá con la mitad del crecimiento de la inversión privada esperada para este año.

Por lo tanto, la clave para entender la enorme relevancia política de los conflictos mineros es reconocer que tras treinta años de libre mercado y promoción de la inversión privada, el Perú se mantiene altamente vulnerable al cierre de tan solo una o dos minas. Esta fragilidad de nuestro crecimiento se torna aún más grave cuando consideramos que más de la mitad de los conflictos sociales y ambientales corresponden a la actividad en este sector.

Los conflictos sociales son parte intrínseca de las actividades extractivas y es imposible eliminar completamente este riesgo. De hecho, países más avanzados en lo institucional, donde impera el tan mentado ‘principio de autoridad’ que algunos críticos de derecha reclaman en el Perú, también enfrentan distintas disputas en torno a grandes proyectos: En EE.UU., protestas contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte y Dakota del Sur llevó a la paralización temporal de las obras en el 2016, mientras que en Australia las protestas contra los efectos medioambientales de la mina Carmichael mantuvieron el proyecto en el limbo desde 2015.

Ejemplos como los dos anteriores abundan a lo largo del globo. La diferencia entre países como Australia y el Perú, sin embargo, es que en nuestro caso la dependencia económica con respecto a las actividades extractivas es mucho mayor. Economías altamente competitivas como Australia o Estados Unidos no se juegan uno o dos puntos de crecimiento cuando una protesta amenaza con cerrar temporalmente una mina. El Perú sí. Es por eso que la diversificación productiva, una reforma tristemente abandonada por la administración Kuczynski, es más importante que nunca.

Version original publicada el 02/04/2019 en El Comercio