¿Esto también lo van a romper?

4 septiembre 2019

Escrito por Eduardo Dargent

Fuente imagen: El Comercio.

Bienvenida toda fiscalización, pero no la que se hace desde posiciones interesadas o exagerando las críticas. Un nuevo intento del fujimorismo de debilitar a nuestra ya de por sí débil institucionalidad regulatoria.

Cuando hace cinco años y poco más se promulgó la Ley Universitaria, no faltaron los profetas exagerados que la calificaron como la sepulturera de la educación superior. Por un lado, libertarios criollos denunciaban que la regulación afectaría la creatividad y flexibilidad de las universidades privadas. Y desde algunas universidades públicas se acusó a la norma, y especialmente a la nueva reguladora Sunedu, de atentar contra la autonomía universitaria y los beneficios del autogobierno.

Lo que no decían los críticos era que nuestro sistema de educación superior ya era paupérrimo, no daba para más. Por un lado, quienes defendían a la universidad pública tendrían que haber reconocido que su autonomía era con frecuencia sinónimo de autocracia y mediocridad.

Por otro, quienes en los noventa defendieron el lucro en la educación como una solución a los problemas de acceso y calidad debían reconocer que la realidad fue muy diferente a su promesa ideológica. Surgieron decenas de universidades de bajo nivel, más acceso pero baja calidad.

Cinco años después el país tiene una mejor educación superior y la Sunedu es responsable de parte importante de estos avances. Todavía muy lejos de un sistema universitario de calidad, pero con cambios positivos tanto en universidades privadas como públicas.

Las demandas de calidad han llevado a que las ganancias privadas tengan que ser invertidas para garantizar mejores carreras y condiciones de aprendizaje. Además, se cerraron una serie de universidades ilegales y de filiales tramposas que regalaban títulos sin certificar capacidad.

Quienes desde dentro de la universidad pública demandaban mejoras tuvieron en la Sunedu una aliada para enfrentar camarillas que usaban la supuesta autonomía como excusa para perpetuarse en el poder. Estudiantes descreídos poco a poco han ido reconociendo que esta presión externa podía dar lugar a cambios internos positivos. Comparen lo que eran algunas universidades públicas y lo que son ahora y verán que no exagero.

La pelea ha sido cuesta arriba y visto en perspectiva es casi un milagro que se haya avanzado. Desde el día uno congresistas con intereses en la universidad privada y pública atacaron el avance de la reforma. Se logró superar una demanda ante el Tribunal Constitucional y otros intentos por modificar la ley, como cuando se quiso eliminar la edad de jubilación para docentes.

No se trata de decir que la Sunedu no comete errores. El excesivo formalismo al inicio de su trabajo o criterios poco claros en algunas decisiones que producen incertidumbre, por ejemplo. Pero el balance es largamente positivo, un paso necesario para garantizar mínimos de calidad sobre los cuales construir mejores universidades.

Pues bien, este sistema en formación es el que puede afectar la Comisión de Educación presidida por la congresista Arimborgo al solicitar facultades para investigar a la Sunedu sin que existan razones de fondo para ello.

Bienvenida toda fiscalización, pero no la que se hace desde posiciones interesadas o exagerando las críticas. Un nuevo intento del fujimorismo de debilitar a nuestra ya de por sí débil institucionalidad regulatoria. ¿Esto también lo quieren romper?

No se trata de decir que la Sunedu no comete errores. Pero el balance es largamente positivo, un paso necesario para garantizar mínimos de calidad sobre los cuales construir mejores universidades.

Este sistema en formación desde la promulgación de Ley Universitaria es el que puede afectar la Comisión de Educación  al solicitar facultades para investigar a la Sunedu sin razones de fondo para ello.

Bienvenida toda fiscalización, pero no la que se hace desde posiciones interesadas o exagerando las críticas. Un nuevo intento del fujimorismo de debilitar a nuestra ya de por sí débil institucionalidad regulatoria.

Version original publicada el 04/09/2019 en El Comercio