La agenda económica en tiempos inciertos

8 agosto 2019

Escrito por Piero Ghezzi y Alonso Segura

Estamos en un escenario de deterioro institucional continuo y de alta incertidumbre. No analizaremos aquí las responsabilidades. Tampoco haremos predicciones. Tiene sentido, en su lugar, explorar qué podría hacer el Ejecutivo para dejar una economía con mejores perspectivas para el siguiente gobierno.

Desde Hacer Perú hemos sostenido que quienes se oponen a las reformas institucionales por su efecto en la economía olvidan que el objetivo era la construcción de un país mejor, no del próximo indicador mensual del PBI. Y que incluso si la preocupación era económica, en el largo plazo el trade off se invierte: reformas bien hechas ayudan a generar crecimiento sostenido y mejores condiciones de bienestar para los peruanos.

Lamentablemente, parece que hemos desaprovechado la oportunidad de hacer verdaderas reformas política y judicial. Todo indica que las reglas de juego para las siguientes elecciones serán básicamente las mismas que rigieron en el pasado.

Y que los cambios en el sistema judicial no merecen el calificativo de reforma (ni siquiera se ha podido implementar la Junta Nacional de Justicia). Las invocaciones del presidente de la República para que el próximo Congreso implemente las reformas y de los analistas a que el pueblo vote con responsabilidad son admisiones tácitas de que poco o nada se ha logrado.Y difícilmente se logrará mucho en los próximos años.

Oportunidades para grandescambios institucionales son escasas. Requieren de una demanda mayoritaria en la sociedad, y ocurren generalmente luego de grandes crisis que hacen patente la inviabilidad del statu quo y abren la oportunidad para consensos que permitan cambios disruptivos (para bien). Ello ocurrió con la macroeconomía en los 90. Pero esas ventanas de oportunidad son estrechas y muchas veces desaprovechadas, como parece ser el caso ahora.

Estamos así en un escenario de deterioro institucional continuo, alta incertidumbre y nula predictibilidad. No analizaremos las responsabilidades de haber llegado a esta situación extrema (la mayor parte es de la mayoría congresal, lo cual no exime al Ejecutivo, que ha cometido errores y desperdiciado oportunidades).

Tampoco tiene sentido tratar de predecir el desenlace de una crisis política impredecible. Tiene sentido, en su lugar, explorar qué podría hacer el Ejecutivo para dejar una economía con mejores perspectivas para el siguiente Gobierno. Mover al Estado requerirá liderazgo, particularmente del presidente Vizcarra, quien le ha prestado menos atención a las reformas económicas y a la gestión pública.

También será necesario que los ministros se enfoquen en este tramo final y alineen al resto del Estado. Elevar la importancia de lo económico -y ello va más allá del MEF- es algo que debería comprender el presidente Vizcarra. Primero, porque es evidente que la economía y la gestión pública no han sido una prioridad de su gobierno, lo cual ha quedado en evidencia ante el debilitamiento externo.

Preguntémonos cuáles son las grandes iniciativas económicas que forman el legado del Gobierno. Segundo, porque es esencial para el país. Recordemos que un entorno de extremo descontento popular por la situación política y los escándalos de corrupción, exacerbado por deterioro económico, es un escenario peligroso para una elección, más aún para una apresurada.

¿Qué hacer entonces? Primero, acelerar las acciones en marcha bajo colaboración público-privada para potenciar sectores que permitan diversificar nuestra economía y generar inversión y empleos formales. Muchas de ellas no requieren siquiera del Congreso, sino que enfrentan limitantes resolubles con acciones coordinadas de gestión pública, pero aún aquellas que sí, no deberían ser ni controversiales ni políticamente sensibles.

Segundo, garantizar condiciones apropiadas para sectores -agroexportación y minería- que han sido claves para el desarrollo del país. Prorrogar (con ajustes) la Ley de Promoción Agraria, y evitar contrarreformas y acciones que minen la estabilidad jurídica son fundamentales para darle predictibilidad a estos sectores. Esto incluye la defensa de la legalidad y el orden público.

Tercero, enfocar esfuerzos en acelerar grandes proyectos de infraestructura paralizados -o de muy lento avance- en los últimos años, que permitan no solo impulsar la inversión público-privada y la actividad económica, sino también recomponer las expectativas sobre la capacidad de gestión del Estado en la ejecución de inversión.

Consolidar el uso selectivo de PMO y modalidades contractuales modernas (como el NEC) sería un gran avance. Cuarto, culminar la reforma tributaria, esencial para elevar una presión tributaria aún muy baja. Quinto, priorizar iniciativas que fortalezcan capacidades en el Estado, pero cuidando que no terminen generando el efecto contrario al deseado, por ejemplo, por un Servir que debilite al Estado por excesiva rigidez y desvalorización de posiciones de apoyo de alta dirección fundamentales.

Todo esto supone que hay ciertas reformas políticamente inviables en el cortoplazo, como la laboral. También, un Ejecutivo que continuará siendo prudente en materia macrofiscal, un BCR atento a apuntalar el crecimiento económico en ausencia de conflicto con sus otros objetivos, y un Congreso mínimamente responsable en materia de legislación económica y sectorial.

Los riesgos del entorno internacional continúan aumentando (la abrupta subida del dólar de 3.29 a 3.38 es resultado de ello, no del adelanto de elecciones). Qué ocurra en ese frente está fuera de nuestro control. Pero en medio del caos autoinfligido debemos ser capaces, por lo menos, de encaminar y fortalecer una agenda económica que siente mejores bases a la próxima gestión.

Version original publicada el 08/08/2019 en Gestión