La batalla institucional

5 marzo 2019

Escrito por Alfonso de la Torre

Los países con instituciones más sólidas tienden a ser más ricos. Los que tienen instituciones más débiles tienden a ser pobres. La observación es obvia, pero la conexión no tanto: ¿Los países ricos lo son gracias a su institucionalidad o es acaso que su riqueza les permitió crear instituciones fuertes?

En los años ochenta y noventa, un gran número de economistas profesaba lo segundo. De hecho, la idea de que la mayor prosperidad generaría modernidad política fue uno de los pilares del Consenso de Washington.

En el Perú, la visión de que el crecimiento traería institucionalidad casi de forma automática, ha sido la mentalidad dominante entre los economistas durante buena parte de las últimas tres décadas. Gran parte del cambio reciente en lo que respecta a la atención que se le presta a variables institucionales, es consecuencia de que el modelo de crecimiento que el Perú aplicó de manera exitosa a partir de 1990 —estabilidad macroeconómica, mercados de bienes razonablemente competitivos, actividad minera a gran escala—, ha empezado a visibilizar sus límites.

No obstante, aunque a los economistas nos encanta pontificar sobre institucionalidad (me incluyo), nuestra profesión muchas veces hace un pobre trabajo en entrenarnos para hablar al respecto. La razón de esta carencia no es que no reconozcamos su importancia (todo lo contrario), sino que la vemos a través de un lente muy estrecho.

Las instituciones son reglas. Todas las sociedades las tienen, tanto a nivel formal (leyes) como informal (costumbres y tradiciones). La diferencia entre los países con una institucionalidad fuerte y aquellos con una débil es que en los primero dichas reglas son razonables, consistentes (aplican por igual dado el mismo contexto) y ampliamente respetadas. En cambio, la institucionalidad es débil cuando las reglas son insensatas, selectivas o ignoradas. Si esto último le resulta familiar al lector es porque en el Perú la mayoría de reglas encaja en una o más de dichas categorías.

En este sentido, lejos de entender las instituciones como reglas que gobiernan una sociedad, el sesgo de la disciplina económica las confunde con simples engranajes que permiten el correcto funcionamiento del mercado. De esta forma, para más de un analista, la justicia se reduce a la seguridad jurídica de las inversiones, la gobernabilidad es equiparada con ausencia de ‘ruido’ y el orden es confundido con la ‘mano dura’ frente al reclamo o la protesta.

El mejor ejemplo de la miopía economicista en la que muchos cayeron presa, es que la mayor batalla institucional viene teniendo lugar delante de sus narices: las investigaciones por el caso Lava Jato. A fin de cuentas, no existe fenómeno más anti-institucional que la corrupción generalizada: crea reglas absurdas para generar rentas, aplica las reglas de forma selectiva para beneficiar a unos pocos o simplemente ignora la ley por completo. Como todo proceso, la lucha anticorrupción emprendida en ciertos rincones del Ministerio Público y el Poder Judicial ha tenido sus propios altibajos y errores, pero el balance es ampliamente positivo.

El Perú todavía tiene por delante un largo y difícil camino para construir las instituciones que sus ciudadanos reclaman. Y aunque no queda claro cuál será el resultado de esta campaña anticorrupción, lo que sí es evidente es que esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos treinta años. Ojalá no la desperdiciemos.

Version original publicada el 05/03/2019 en El Comercio