LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

17 enero 2020

Escrito por Omar Cairo Roldán - Magister en Derecho Constitucional de la PUCP

Fuente imagen: ANDINA.

La disolución del Congreso es constitucional, aunque voces provenientes del Congreso disuelto pidan acudir a instancias supranacionales ignorando que estas no pueden suplantar las decisiones de los tribunales nacionales.

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda competencial. Reconoció así que el 30 de setiembre pasado no hubo golpe de Estado ni se instauró una dictadura.

Gracias a la difusión del debate en el TC, se conocieron los fundamentos de todos los magistrados y estos – independientemente del sentido de sus votos – se ganaron el respeto de los peruanos. Por el contrario, en la Comisión Permanente hubo reacciones destempladas. Una de sus integrantes llamó “waripoleras” a los magistrados, y vociferó que el Presidente de la República es un dictador.

Estos son los principales fundamentos de la decisión del TC:

  • El Presidente del Consejo de Ministros no irrumpió indebidamente al hemiciclo ni alteró la agenda parlamentaria.- El ministro Del Solar ejerció el derecho ministerial (artículo 129 de la Constitución) de concurrir a las sesiones del Congreso, sin invitación, y de participar con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar. Además, cuando solicitó aprobar el proyecto presidencial de modificación del artículo 8 de la Ley Orgánica del TC (presentado con la indicación de urgencia) antes de seguir con el nombramiento de los magistrados, no intentó alterar la agenda. Esta ya estaba modificada en virtud del artículo 105 de la Constitución, que obliga a dar preferencia a los proyectos presidenciales enviados con carácter de urgencia.
  • Está permitida la denegación material de la cuestión de confianza.- Según el magistrado Eloy Espinosa, no se necesita denegación expresa (votación) cuando las circunstancias demuestran que no existe intención de acoger la propuesta planteada en la cuestión de confianza. Sostuvo que hay un “fraude a la Constitución” cuando esta es aprobada en votación, pero en la práctica se rechaza la solicitud. Para la magistrada Ledesma, la confianza debe estar asociada a una voluntad expresada de manera clara e indubitable por el Congreso, y eso no ocurrió el 30 de setiembre del 2019.
  • La cuestión de confianza no invadió competencias exclusivas del Congreso.- El magistrado Espinosa afirmó que la cuestión de confianza no pretendió quitar al Congreso la atribución de nombrar a los magistrados, sino proponer una norma procedimental para que los nombramientos se realicen con transparencia. Un lineamiento de la Política General de Gobierno (Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM) consiste en asegurar la transparencia en las entidades y el fortalecimiento de las instituciones.

En definitiva, la disolución del Congreso es constitucional, aunque voces provenientes del Congreso disuelto pidan acudir a instancias supranacionales. Probablemente ignoran que estas no pueden suplantar las decisiones de los tribunales nacionales que resuelven conflictos entre las instituciones de los Estados.