Lecciones de Tía María

22 agosto 2019

Escrito por Comité Editorial

Fuente imagen: Gestión.

Necesitamos un cambio en roles y actitudes, públicos y privados, que permitan resolver los problemas de fondo de los conflictos sociales. O cambiamos todos o la consecuencia inevitable será su recurrencia y escalamiento.

Cualquiera sea la posición que se tenga frente al proyecto Tía María, la conclusión es la misma: el gobierno del presidente Martín Vizcarra actuó con torpeza e ingenuidad (los audios son claros sobre ello), y configuró así el peor de los escenarios al otorgar la licencia de construcción y luego dar marcha atrás ante la oposición social y de las autoridades políticas de la región.

Desde la aproximación de quienes consideran que Tía María es inviable socialmente, el gobierno no debió ceder a las presiones empresariales para darle viabilidad técnica a un proyecto que carecía de licencia social. Desde el punto de vista de aquellos que creen que el gobierno debió ejercer su autoridad y salvaguardar la institucionalidad de la inversión privada, debió mantenerse firme en la defensa de la legalidad de sus decisiones.

Ahora bien, la minería es demasiado importante para el Perú como para quedarnos en la crítica y en posiciones maximalistas. Nuestro desarrollo depende en gran medida de la posibilidad de que desarrollemos un sector minero moderno, que ayude en la generación de proveedores locales de clase mundial, con amplios eslabonamientos en la economía, que sea ambiental y socialmente responsable y que tenga capacidad para impulsar procesos de desarrollo territorial.

Por ello, el Estado debe ser capaz de generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos extractivos responsables social y ambientalmente. Ello requiere de una presencia previa del Estado no solo para prevenir conflictos, sino para generar procesos de desarrollo territorial que permitan que la población se beneficie anticipadamente de los impactos positivos de los proyectos.

Siendo así, la evaluación de la acción de un gobierno debe considerar también la solución a estos problemas de carácter más estructural. En este sentido, el viceministerio de gobernanza territorial ha iniciado un proceso que pretende modificar la acción del Estado sobre los territorios, dándole un enfoque multisectorial y, tan importante como ello, buscando que dicha acción responda a las particularidades de cada espacio. Es un reto mayor considerando la inoperancia de la mayor parte del Estado, la dificultad de articular a los sectores y la carencia de actores políticos en el territorio nacional. Aun así, o tal vez por eso mismo, es un proceso de una relevancia sustantiva.

Sin embargo, una primera crítica es por qué no se ha implementado esta nueva manera de concebir la acción del Estado justamente ahí donde se encuentran los principales conflictos. Una segunda es que, para ser implementada, requiere de gestiones sectoriales eficientes y de capacidad de seguimiento, algo de lo que carece la actual administración. No se trata de una crítica menor. Hay muchas reformas que se plantean y que en el papel suenan bien. El problema es precisamente cómo se gestionan. En el caso de los conflictos, no solo técnicamente, sino también socialmente. Una mala gestión, por ejemplo, puede conllevar a que la licencia social sea solo un “saludo a la bandera”, un ítem más de una lista de lavandería. Y que no se haga seguimiento a los acuerdos.  En estos aspectos, la gestión del Viceministerio de Gobernanza ha sido deficiente.

En este sentido, el rol del Estado en la validación de la licencia social debe cambiar. No solo con trabajo y presencia previa, sino en la verificación permanente en campo (no solo de documentos) de la confiabilidad de la licencia presentada por las empresas. Un trabajo que es mucho más importante en los casos en los cuales la población desconfía de la empresa, tal como Southern y Yanacocha, por citar dos ejemplos.

De otro lado, es necesario considerar también que el apoyo social puede cambiar a lo largo del tiempo, como lo muestra el caso de Las Bambas. Ello debido a los vaivenes en contratación de mano de obra local, las expectativas de oportunidades para la población, y ante la vulnerabilidad de un proyecto con una fuerte inversión realizada. Por ello, el Estado debe ser capaz de entender que las exigencias de la población pueden ir en aumento al avanzar la construcción de los proyectos y en los periodos iniciales de entrada en operación, y que ello abre el espacio para los oportunistas y extorsionadores.

Es importante resaltar, sin embargo, que la viabilidad de los proyectos no depende solamente del Estado. Si el sector empresarial no deja atrás su visión simplista sobre los conflictos sociales, no será posible salir del entrampamiento en el que nos encontramos. Se requiere de un Estado fuerte en términos de eficiencia, no solo en hacer que se cumpla la ley. Pero la visión preponderante que impera en el empresariado es que mientras más reducido sea el Estado, es mejor. Ahí están los resultados.

Por ello, desde Hacer Perú hacemos un llamado a un cambio en roles y actitudes, públicos y privados, que permitan resolver los problemas de fondo detrás de los conflictos sociales. El empresariado debe entender que un rol impositivo y paternalista no conlleva a una coexistencia armoniosa y sostenible con la población. Mientras que un Estado ausente de los territorios y reactivo e improvisador ante los conflictos, no puede ser un garante de los derechos de las partes. O cambiamos todos o la consecuencia inevitable será su recurrencia y escalamiento.

Version original publicada el 22/08/2019 en Gestión