El problema no es (solo) la inacción

“Para encaminarnos al desarrollo no basta con profundizar las reformas de los 90”

Hace dos semanas, Roberto Abusada escribió en El Comercio (“Los costos de la inacción”, 23/01/2018) en el que listaba nuestros retos económicos inmediatos: rigidez laboral, explosión de trámites, falta de un mercado de aguas, mala regulación eléctrica, y necesidad de una reforma pensional, de un plan de infraestructura y de uno para aprovechar los recursos mineros.

Son temas importantes, pero el problema no es solo la inacción: es empujar en la dirección incorrecta. Es no aceptar que para encaminarnos al desarrollo no basta con profundizar las reformas de los 90. Los problemas del 2018 requieren soluciones distintas.

Una manera de ordenarnos es pensar en términos de productividad (laboral) y empleo. Así, podemos dividir nuestra economía en dos grandes sectores: uno moderno y formal, de productividad mediana o alta, y otro mype/informal de baja (o muy baja) productividad. Como la mayoría del (sub)empleo está en este último, la productividad de la economía es medio baja y heterogénea (una tremenda fuente de desigualdad).

Para que esto mejore, se requiere aumentar (a) la productividad del sector moderno y su porcentaje en la PEA, y (b) la productividad de las empresas mype/informales con potencial de crecer. Más allá de medidas transversales para fortalecer el capital humano y la institucionalidad, podemos pensar en algunas medidas (parciales pero concretas) para avanzar en estas dos líneas de acción.

Para la primera, se necesita identificar y resolver los problemas específicos que limitan el crecimiento de sectores con evidentes ventajas comparativas y potencial de generación de empleo: minería, agroexportación, forestal, acuicultura y turismo. Nuestro desarrollo no será posible si no logramos el despegue/consolidación de estos sectores.

Los problemas deben resolverse en la cancha (con un instrumento como las mesas ejecutivas), no con grandes planes o consultorías, ni con esfuerzos genéricos de simplificación (¿salió algo bueno de dimetutraba.pe?). Es indispensable una reforma laboral, pero, además de ser políticamente inviable, sería insuficiente. Debe complementarse con medidas que aumenten la productividad (los sectores forestal y acuícola tienen el régimen laboral del sector agroexportador, pero no su éxito generando empleo).

La segunda línea de acción es más compleja. La informalidad es en buena medida el resultado de la baja productividad de las mypes (que no pueden pagar los costos de ser formal). Veinticinco años de crecimiento no han ayudado a aumentar suficientemente su productividad. Hasta que ello no ocurra, la informalidad no cederá. El Estado no puede hacerse a un lado: debe ayudar activamente a articular actores.

Se puede mejorar la articulación con programas conjuntos en los que empresas grandes ayuden a mypes proveedoras potenciales a mejorar sus estándares de calidad. Existen esfuerzos del Estado por desarrollar proveedores, pero son microscópicos y marginales. Se requiere algo ambicioso, que mueva la aguja.

También se puede trabajar con los clústeres de mypes: ayudarlos con transferencia tecnológica, provisión de información, mejoras de procesos, etc. Debe ser una tarea para el Instituto Tecnológico de la Producción y sus Centros de Innovación Tecnológica (CITE), y para el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y sus centros experimentales. O incluso para gremios empresariales.

Asimismo, se pueden usar las compras públicas para mejorar la productividad de las mypes. El Estado es el comprador principal del Perú, pero desarticuladamente. No existe un estándar que homogenice sus compras. Y no ha habido interés en acercarse a las mypes. Existe Compras MYPErú, que puede licitar directamente compras de los ministerios, pero debe mejorar. Los ministerios la usan muy poco, a fin de año (para mejorar ejecución presupuestal), y se limita a seleccionar a las mypes ganadoras. El Estado también debe ayudarlas a ofrecer productos de calidad para competir en el mercado. Ello requerirá el acompañamiento de los CITE, del Inacal u otras entidades públicas.

Durante años, el discurso predominante ha sido que lo ortodoxo es un Estado abocado a desregular, destrabar y proveer ciertos servicios públicos básicos, y que cualquier desvío conduce al caos. En el mundo, sin embargo, es ampliamente aceptado que el Estado tiene un rol complementario para aumentar la productividad privada. No hay nada heterodoxo en estas propuestas. La verdadera inacción que tenemos que romper es la de esos miedos paralizantes que debilitan al Estado y que no nos llevarán a ningún lado.