¿Qué ha pasado con las protestas en Chile?

13 noviembre 2019

Escrito por Lucía Dammert

Fuente imagen: Razón Pública.

Parece mentira, pero ante desafíos de tanto fondo, el presidente Piñera simplemente ofrece cambios marginales. En cambio, ante la crisis de derechos humanos, criminaliza la protesta y responde con mano dura.

El porqué de las protestas

Han pasado tres semanas desde que estallaron las protestas que transformaron la vida política de Chile. Aunque inicialmente fueron interpretadas como una crisis puntual provocada por el aumento de la tarifa del metro de Santiago, rápidamente se hizo evidente que, en realidad, era el resultado de las enormes grietas del modelo de desarrollo del país.

Los reclamos de los chilenos son muchos, pero casi todos giran en torno a la desigualdad. Si bien los indicadores macroeconómicos en Chile se consideran positivos, la situación de las personas del común es bastante precaria: la fiesta por el promedio escondía una realidad donde el uno por ciento de la población acumula casi toda la riqueza mientras que la llamada clase media cuelga de un hilo.

Las protestas revelaron que, durante décadas, la pobreza chilena se ha disfrazado de clase media gracias a la capacidad de endeudamiento. Así pues, de 18 millones de chilenos, 11 están endeudados y más de 4,5 son considerados morosos. Aunque algunos han afirmado que esas deudas son por bienes de turismo o entretenimiento, la evidencia demuestra que, en realidad, los ciudadanos se endeudan para cubrir gastos básicos como tratamientos médicos, educación y pensiones.

Los chilenos reclaman contra una clase política que consideran ajena, pues durante los últimos cuarenta años los políticos se han preocupado más por sus propios privilegios que por buscar alternativas a un modelo económico injusto y excluyente. Por lo mismo, una de las principales banderas del pueblo ha sido la reducción del salario de los congresistas, uno de los más elevados del mundo. Adicionalmente, los actos de corrupción cometidos por la élite política han provocado que la ciudadanía no confíe en ella, lo cual ha dificultado el diálogo entre las dos partes.

Como si fuera poco, las empresas están en el mismo barco, pues la hiperconcentración de los mercados, el desarrollo de prácticas ilegales como la colusión y el camino hacia la mayor precarización laboral de los trabajadores las ha puesto en el centro de la atención ciudadana. Los chilenos han manifestado su desacuerdo con el hecho de que año tras año publiquen millonarias ganancias, pero no permitan el aumento del salario mínimo, el cambio en el sistema de pensiones y mayores niveles de regulación.

Todos estos abusos agotaron a los ciudadanos y los movieron a salir a las calles, donde ya llevan más de tres semanas. Inicialmente, los académicos se sorprendieron por las protestas, pero actualmente casi todos reconocen que las señales eran evidentes: tanto las encuestas como los estudios cualitativos mostraban una realidad marcada por la violencia, el maltrato social, la desconfianza, la precarización del mercado de trabajo y, sobre todo, una profunda sensación de abuso.

Violencia callejera y policial

Lamentablemente, la violencia callejera llegó junto con la explosión social. Aunque casi siempre las marchas callejeras van acompañadas de algunos hechos vandálicos y de destrucción, en esta ocasión los incendios en las estaciones de metro, los saqueos de tiendas y supermercados y el enfrentamiento con la policía han sorprendido a muchos porque han sido la norma y no la excepción.

En tan solo tres semanas, el enfrentamiento entre la violencia callejera y la violencia policial ha dejado 20 muertos, 150 heridos y miles de detenidos. Además, las denuncias por violación de derechos humanos aumentan diariamente e incluyen torturas por parte de la policía. Diversas organizaciones de derechos humanos internacionales están en Chile investigando lo ocurrido y solicitando cambios en algunos formatos de acción policial. Solo resta esperar que logren garantizar la justicia y la reparación.

La verdadera salida

Mientras todo esto ocurre el gobierno parece inerte: sus respuestas se limitan a cambios de gabinetes, paquetes de medidas y cancelación de eventos internacionales, es decir, medidas superficiales que no enfrentan el problema de fondo.

Parece mentira, pero ante desafíos de tanto fondo, el presidente Piñera simplemente ofrece cambios marginales, y ante los reclamos que tienen que ver con el papel del Estado, el gobierno responde que evaluará la posibilidad de llevar a cabo algunos ajustes. En cambio, ante la crisis de derechos humanos, criminaliza la protesta y responde con mano dura.

En tan solo tres semanas, el enfrentamiento entre la violencia callejera y la violencia policial ha dejado 20 muertos, 150 heridos y miles de detenidos.

Además de ineptitud, la actitud del gobierno denota un divorcio radical con las necesidades ciudadanas. Si bien promover debates estructurales podría limitar al poder político y económico, lo cierto es que la violencia continuará mientras el gobierno siga negándose a atender los reclamos de las mayorías y a reconocer la necesidad de cambiar una Constitución que le concede un rol secundario al Estado y establece quórums altísimos para diversos procesos de reforma.

Sin lugar a duda, la única salida es el diálogo, pero para eso es necesario que el gobierno esté dispuesto a oír y a promover los cambios que reclaman millones de ciudadanos. En definitiva, la salida a la crisis no es policial, sino política.

Version original publicada el 12/11/2019 en Razón Pública