Dos caminos

Imagen: Gestión.

El fracaso en revertir el problema de la dualidad económico-productiva es una responsabilidad compartida. El mercado ha fallado en resolverlo, y el Estado no tiene capacidades para hacerlo solo. La solución tendrá que ser colaborativa.

El Perú está indiscutiblemente en una coyuntura crítica. Ya es evidente que enfrentamos una combinación de brote epidémico y recesión económica de las peores del mundo. Y debería ser igual de evidente que nuestro avance económico de las últimas décadas era precario y dispar.

Si el problema económico principal fuera la recesión brutal de este año, sabríamos más o menos qué hacer: limitar el daño semipermanente del shock inicial de oferta producto de la cuarentena. Es decir, combinaciones de políticas macro- y microeconómicas que eviten que se dañen excesivamente las “hojas de balance” de las familias, empresas y entidades financieras. Así, una vez que las condiciones de oferta se “normalicen”, nuestro crecimiento podría ser acelerado. Hemos tenido serios errores de diseño e implementación en las políticas públicas contracíclicas de mitigación, pero el paquete de medidas es conocido.

La precariedad patentizada por la pandemia nos recuerda que esto no será suficiente. La economía ha sufrido un stress test que evidencia nuestros problemas, pero estos no son nuevos. Ya estábamos mal en febrero de 2020. Debemos enmarcar la reactivación con políticas públicas que busquen una transformación estructural de nuestra economía.

Nuestros problemas económicos estructurales son múltiples, pero nuestra dualidad económico-productiva es central. Hay dos Perús. Uno moderno, formal, de productividad relativamente alta, que convive con otro informal, con MYPE de productividad baja (y estancada).

Con frecuencia, el Perú informal es invisible para nuestro Estado. Ni lo entiende ni lo refleja bien en sus políticas públicas. Es mucho más sencillo hablar con cuatro bancos y cinco gremios empresariales que articular una política pública coherente que ataque el dualismo productivo. Y mucho más fácil prorrogar la Ley de Promoción Agraria que lograr la integración productiva de cientos de miles de pequeños parceleros en cadenas agroexportadoras. No es que las empresas modernas enfrenten un buen Estado. Pero es mejor que el que enfrentan las MYPE informales.

Como consecuencia, las mejoras de las MYPE en las últimas décadas son indirectas, producto del “chorreo” del crecimiento. No de políticas públicas que busquen explícitamente fortalecerlas. Y si ha habido iniciativas pro-MYPE, han sido aisladas, que se agotaban con la gestión ministerial, o desarticuladas y poco ambiciosas.

¿Cómo abordar nuestra inaceptable informalidad? Debemos abandonar el criterio, tan difundido como inútil, de la formalización nominal, que normalmente implica armar un registro o nómina de empresas que se “formalizan”, quizás con un beneficio tributario. Lo hemos hecho varias veces. Por ejemplo, el registro NRUS (y antes el RUS), por el cual las empresas hacen un pago mínimo en lugar de pagar todos los tributos. Son formales solo en el papel.

Por supuesto, la simplificación administrativa es bienvenida. Pero es incorrecto entender la informalidad principalmente como consecuencia de demasiados trámites. La mayoría de las empresas informales no pueden cumplir estándares —sanitarios, de seguridad, ambientales— mínimamente razonables. La solución pasa por ayudarlas a cumplir dichos estándares.

Tomemos la agricultura en la costa: es un caso de éxito indiscutible, pero también de un manifiesto dualismo productivo. Nuestro boom agroexportador es, sobre todo, un fenómeno de grandes empresas integradas verticalmente que controlan todo el proceso. Solo un bajo porcentaje de pequeños parceleros participa de él. El resto está dedicado a cultivos de panllevar. Coexisten, en un mismo espacio geográfico, empresas con la más alta productividad mundial y otras de bajísima productividad.

Hay un papel urgente para la política pública: propiciar una colaboración entre empresas grandes (o medianas) tractoras, MYPE, entidades microfinancieras y Estado, a fin de identificar qué falta —asistencia técnica, financiamiento, riego tecnificado, infraestructura— para que un número mucho mayor de MYPE agrarias lleguen (tal vez asociativamente) a los estándares mínimos requeridos para insertarse en cadenas de valor agroexportadoras.

Esta colaboración es fundamental. Nuestro fracaso en revertir el problema de la dualidad productiva, a pesar de casi 30 años de crecimiento ininterrumpido, es una responsabilidad compartida. El mercado ha fallado en resolverlo (y, por ello, la lógica del chorreo no es correcta). Y el Estado no tiene ni capacidades ni “ancho de banda” para hacerlo solo. La solución tendrá que ser colaborativa. Requerirá combinar la espalda financiera y el monopolio de las normas del Estado con la capacidad innovadora y disciplina del mercado.

Para que esto ocurra, vamos a necesitar un cambio de chip, sobre todo de nuestro establishment económico, que ha vivido enamorado de los innegables éxitos de los noventa. No le ha importado suficiente nuestra dualidad productiva. Algunos de nuestros economistas más conocidos decían, por ejemplo, que la diversificación productiva (DP) la resolvía el mercado, que no había un papel para el Gobierno. No llegaban a entender que el objetivo principal de la DP era precisamente atacar el dualismo y la falta de generación de empleo formal.

Tenemos dos caminos. O seguimos haciendo como si no tuviéramos un serio problema o tomamos por las astas al toro de la dualidad. Si hacemos lo primero, más temprano que tarde vamos a enfrentarnos a una pared. No solo porque el camino en el que veníamos antes de la pandemia estaba ya llegando a su fin, sino porque esto puede terminar en desesperanza y radicalización. Tal vez este proceso ya comenzó.