Calidad universitaria para la competitividad
¿Cómo aprovechar los recursos del canon que se asignan a las universidades públicas para mejorar la competitividad del país?
La última versión del Índice de Competitividad Global (ICG) muestra que el Perú cae 5 posiciones respecto a la versión anterior. Uno de los pilares donde se dieron retrocesos es el de Educación Superior y Capacitación. Calificado como un pilar “potenciador de eficiencia”, este se evalúa mediante indicadores como matrícula en educación terciaria; calidad del sistema de educación superior; calidad de las escuelas de negocios; disponibilidad de investigadores; entre otros. En nuestro afán de formar parte del grupo de países de la OECD, este tema pierde a veces relevancia, aun cuando ya nos está pasando la cuenta y nos pone en desventaja frente a otros países con las mismas aspiraciones.
En 2014, mediante la Ley 30220, Ley Universitaria, el Estado recupera – a través del Ministerio de Educación (MINEDU)- su rol rector en el aseguramiento de la calidad de educación universitaria, en contraste con la previa autorregulación del sistema en manos de la Asamblea Nacional de Rectores. Si bien la política más sonada a la fecha ha sido la de asegurar condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de universidades (Licenciamiento), a cargo de la SUNEDU, existe desde 2016 una política de fomento desde el MINEDU que viene asignando recursos adicionales a las universidades públicas, según su capacidad de gasto: los Convenios de Gestión.
Estos convenios constituyen un mecanismo de incentivos que ha logrado dos resultados centrales: i) ha incrementado la eficiencia de las universidades públicas en el uso de sus recursos, y ii) ha logrado que estos recursos adicionales sean usados en mejorar la calidad. Así, bajo una regla de asignación transparente y bajo un esquema de desempeño, se ha otorgado en los últimos tres años más de S/.420 millones a universidades públicas en todo el país, adicionales a su presupuesto institucional. Estos han sido utilizados según el plan de uso de recursos presentado por cada universidad en el marco de su autonomía, en ejes priorizados por el MINEDU, y con asistencia técnica para que ese gasto se realice en los plazos establecidos.
Sin embargo, todavía las universidades públicas mantienen recursos propios no ejecutados. Estas instituciones no se escapan de las mismas problemáticas que tienen otras del Estado, y afrontan problemas políticos y de personal administrativo y docente que evita muchas veces que las autoridades a cargo puedan tomar acciones respecto de lo que verdaderamente movería la aguja de su calidad.
La mayor parte de los recursos no ejecutados corresponden a asignaciones por canon que fueron inicialmente ideados para apoyar la investigación en estas casas de estudio, según la ley 27506, Ley de Canon. Sin embargo, lejos de lograr el fin para el que fue concebida, la transferencia de recursos por canon se ha vuelto una bolsa de financiamiento de infraestructura en universidades, muy pocas veces acompañada por capital humano que haga uso adecuado de dicha infraestructura, pues no existe una masa crítica de investigadores en las universidades receptoras. Además, como señalan los subcomponentes del ICG, la investigación no es todo lo que la universidad tiene por mejorar. Si el cemento no es acompañado por desarrollo del capital humano y mejoras en la gestión no hay círculos virtuosos que nos lleven a mayor competitividad.
En ese sentido, el Estado puede, en su rol rector, contribuir al mejor uso de esos recursos, tomando la experiencia de los Convenios de Gestión, bajo metas priorizadas, sistémicas y alineadas a los objetivos del país: fortalecimiento del sistema mediante redes universitarias, políticas de atracción docente que permitan romper la endogamia de la docencia, investigación e internacionalización, vinculación con el sector productivo, entre otros. Esto debe darse en coordinación con otras instituciones rectoras como el CONCYTEC, el Ministerio de Economía y, principalmente, con las mismas instituciones educativas. La creación de un fondo con estos recursos que asegure avanzar hacia los objetivos del país podría incluso priorizar a las universidades de las regiones en las que se generan mayores recursos de canon. Si únicamente se destinara el 50% de la asignación anual de canon a partir de 2019, y sin afectar los saldos de balance por esta fuente que cada universidad mantiene, se podría contar con un fondo aproximado de S/. 280 millones anuales.
La mirada sistémica que se le pueda dar hoy a la educación superior desde el Estado no tiene precedentes y eso hace que hoy sea más pertinente la tan temida revisión de la normativa vinculada al canon. Esto nos permitiría recuperar terreno frente a países como Chile y Colombia. Finalmente, se debe recordar que las universidades son los centros de desarrollo de investigación e innovación por excelencia de un país, y en esos pilares también tenemos una larga mejora pendiente.
