Corrupción Municipal

A dos meses de elegir a las nuevas autoridades ediles y regionales, el desgano es general, y no deja de estar justificado por el constante destape de material que ha puesto en evidencia lo que siempre hemos intuido: corrupción, a toda escala, en cada espacio de gobierno y poder.  En el ámbito municipal, recientemente se han descubierto las prácticas delictivas del alcalde de La Victoria, que se suma a los de Villa María del Triunfo, Santa Rosa y San Bartolo, todos acusados por hechos similares.

Los municipios son espacios muy apetecibles para los delincuentes, pues desde allí se dirige la actividad y el desarrollo de los distritos y ciudades.  El botín no siempre está en la obra pública, que muchas veces es exigua por lo limitado de los presupuestos, sino en los parámetros urbanos y las licencias, mediante los cuales se regula la zonificación, densidad, altura y usos. La alteración de los mismos puede significar que el valor de un predio se multiplique, generando una ganancia extraordinaria para el propietario.

Pongamos un par de ejemplos. Ustedes compran un terreno donde sólo se puede hacer una casa, y de pronto puede construir un edificio.  O compra un terreno no calificado como urbano, un arenal digamos, y luego de un tiempo ya tiene calificación para poder hacer una urbanización.  Esto pasa todo el tiempo en nuestras ciudades. Algunas veces estas decisiones forman parte de un Plan de Desarrollo Urbano, en el que se evalúa la ciudad en su conjunto y se determinan las zonas que deben densificarse o hacia dónde se debe expandir. Otras veces, mediante un pedido de Cambio de Zonificación, donde se evalúa un sector determinado de la ciudad cuyos indicadores han quedado obsoletos y necesitan ser actualizados. Pero otras veces se realizan si sustento aparente, o con ordenanzas “ad-hoc” que duran lo suficiente para que se emitan certificados de parámetros.

Este es un problema histórico y global. Por ello diversas ciudades han generado mecanismos para reducir la discrecionalidad de estas prácticas, transformado además un problema en una solución para la escasez de recursos económicos.

La lógica de la solución es simple: si tu ganas, todos ganamos. Para efectos prácticos se traduce en que todo cambio de indicadores urbanos que favorezca al propietario de forma extraordinaria debe generar una retribución proporcional a la ciudad para que se puedan realizar las obras que permitan que ese crecimiento sea sostenible. Otra forma se da en ciudades como Río de Janeiro o San Pablo, donde tu derecho a construir está limitado a ciertos metros cuadrados, y si quieres más metros debes comprarlos a la ciudad. Las experiencias internacionales nos dicen que lejos de desalentar la inversión y el desarrollo inmobiliario, se estimula el mercado y se transparenta el incremento de parámetros, dejando poco espacio para prácticas oscuras.

El dinero generado por estos instrumentos de captación de plusvalías se protege mediante un fideicomiso, pudiendo solamente ser invertido en obras de infraestructura urbana (redes básicas, parques, transporte público, cultura, educación, salud, deporte, etc.) y vivienda de interés social, previamente identificadas y priorizadas.

Para que esto funcione en nuestras ciudades se necesitan tres cosas: Primero, un Plan de Desarrollo Urbano que ordene y oriente el desarrollo de la ciudad, determine y priorice proyectos estratégicos, y proponga instrumentos novedosos que permitan la negociación de ciertos indicadores o usos. Segundo, un marco legislativo que incorpore la posibilidad de poder captar plusvalías urbanas, y que ese dinero pueda ser cobrado y usado por y para la ciudad. Y tercero, decisión política. Porque las experiencias en el mundo nos muestran que el camino no es difícil.

Tenemos 21 candidatos en carrera, ¿sabemos cuántos de ellos están pensando en este tipo de herramientas que nos permitan ordenar nuestro crecimiento a la vez que financiamos nuestro bienestar?

Abramos la discusión. El momento es ahora.