Cuando “democratizar” es capturar
El partido de gobierno ha presentado el proyecto de Ley 021-2021-CR, que tiene la ambiciosa aspiración de “democratizar” a los Organismos Reguladores (OR). Lamentablemente, no hay en todo el proyecto ni en su exposición de motivos una explicación de lo que implica ese proceso de “democratización”. Lo que sí se señala, es que: “estos organismos no desempeñan adecuadamente sus funciones, porque se encuentran influenciados por empresas oligopólicas”.
En esa línea, se plantea “establecer normas que impidan que sean capturados por las más grandes empresas del rubro”. La medida que se plantea para “democratizar” a los OR, es nada menos que crear 2 puestos más en cada uno de sus Consejos Directivos (6 plazas más en el Estado), los cuales serían ocupados por asociaciones de consumidores y usuarios y por ONGs dedicadas al “estudio, promoción, fiscalización o similar del respectivo servicio público”. Lo más sorprendente, es que el proyecto plantea que a diferencia de los demás miembros del Directorio, a los directores que sean representantes de consumidores y usuarios, no se les exigirá contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y tampoco, acreditar por lo menos estudios completos de maestría.
Más grave aún, es que tampoco podrán ser removidos como los demás directores (por falta grave debidamente comprobada y fundamentada, mediante Resolución de PCM, MEF y el Sector), sino “por acuerdo expreso de las instituciones que los eligieron”. En buena cuenta, el proyecto de ley crea privilegios, distorsiones e incentivos perversos, que no “democratizan” nada más, que acceder a cargos públicos sin contar con el perfil técnico, y poder quedarse sin cumplir reglas equitativas de conducta. ¿Es así como el partido de gobierno plantea fortalecer la institucionalidad de los OR?
Para quien pretende llevar a cabo una reforma de esta naturaleza, hubiera sido necesario se tome en cuenta algunos aspectos básicos:
Si el gobierno tiene un compromiso real con fortalecer a los OR, debería garantizar la designación de profesionales técnica y moralmente idóneos, que sean inmunes a la presión e injerencia política que tanto daño hacen a instituciones de esta naturaleza.
