Cuestión de confianza
El 12 de octubre pasado, el Ministro de Economía expuso ante el Congreso de la República el proyecto de presupuesto de su cartera para el año fiscal 2022. En ese marco, señaló que constituye un objetivo estratégico de su administración la reactivación la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva. No obstante, durante la misma exposición informó que para el 2022, el presupuesto de PROINVERSIÓN se reducirá prácticamente en 30%. Se hizo alusión a que durante el 2020, la ejecución presupuestal de dicha entidad alcanzó el 53%, y que para este año, se estimaba que la ejecución presupuestal alcanzaría el 72%. Si bien sería la ejecución presupuestal más baja de las entidades adscritas al MEF, es (o debería ser) evidente, que una entidad como PROINVERSION trabaja con una materia prima tan sensible como la confianza de los inversionistas, que durante la pandemia, obviamente se refugió en los escenarios más conservadores de riesgo. Aún más evidente, es que este año hubo cambio de gobierno, luego de uno de los períodos electorales más políticamente polarizados que hemos vivido, por lo que esperar se adjudique varios proyectos este año, tampoco era previsible. Y para no dejar de mencionar al elefante en la habitación, habría que asumir que los mensajes de personalidad múltiple del Gobierno respecto a la inversión privada, en forma clamorosa durante el gabinete anterior, han deteriorado aún más la confianza de los inversionistas, a pesar de los esfuerzos continuos pero aislados (del resto del gabinete) del Ministro Francke.
Ahora bien, la ideología no es el problema, pues hay países que durante gobiernos socialistas han logrado importantes avances en inversión privada, como es el caso de Chile y Uruguay, solo por mencionar ejemplos cercanos. Así las cosas, sería un error “castigar” a PROINVERSION debido al bajo nivel de ejecución que tiene. Pues si vamos a ser claros, habría que recordar que en los últimos cinco años, fue muy poco el apoyo político que el Gobierno anterior ofreció a PROINVERSION (no sólo por no designar jamás los directores independientes que contempló el efímero DL 1251, sino por pretender de manera errónea y cortoplacista, sustituir las APPs por los acuerdos de Gobierno a Gobierno, confundiendo mecanismo de contratación con política de Estado); que durante años, se utilizó algunas plazas de la entidad para mejorar los ingresos de altos funcionarios del gobierno de turno; que la entidad ha padecido los embates del apremio político de los distintos gobiernos, para adjudicar proyectos aún crudos; y que el diseño institucional, convierte a PROINVERSION en el chivo expiatorio que paga las deficiencias de los sectores en la –no pocas veces– deficiente formulación de proyectos.
Recordemos que el MEF preside PROINVERSION, así que reducir su presupuesto, será una señal que los inversionistas van a interpretar. No escapa a la preocupación de todos que el MEF continúe manteniendo firmemente la brújula en consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal, por lo que ajustar gasto corriente en todo el sector público es razonable en este complejo escenario económico.
Sin embargo, para ser consistentes con los esfuerzos que ha desplegado el MEF en tender puentes, reunirse con, y dar mensajes positivos a los inversionistas, a estas alturas ya es urgente saber cuál es el plan del Gobierno para la participación privada en la inversión en infraestructura. No es posible ni sostenible acometer el cierre de brechas de infraestructura social y productiva a punta de inversión pública. Construir una cartera creíble de proyectos de inversión en infraestructura, requiere lograr un adecuado balance entre inversión pública y APPs.
Con este telón de fondo, es importante que el Gobierno señalice pronto su compromiso con la inversión privada en infraestructura, apostando por la institucionalidad (esa apuesta que el mercantilismo nunca ha hecho), y priorizando la aprobación de la reforma interna de PROINVERSION (que dejó trunca el gobierno anterior), dándose la oportunidad de repensarla, e incorporando recomendaciones de OCDE y otras multilaterales. Esta reforma institucional tendría que lograr conjurar los peligros más evidentes: injerencia y presión política, conflictos de interés, deficiente-tardía formulación de proyectos y corrupción. Una medida importante, sería otorgar al Director Ejecutivo el rango de Ministro, así como capacidad de informar ante el Consejo de Ministros los avances (y responsables de los retrasos) de la cartera de proyectos. También, se requiere instituir un panel de expertos independientes que plantee opiniones técnicas ante el político Consejo Directivo, de manera previa a las decisiones finales. Igualmente importante, será mantener en los Comités el profesionalismo e integridad que requieren estos colegiados (con período fijo de designación, al igual que el Director Ejecutivo), y asegurar que el equipo técnico de PROINVERSION asuma responsabilidades técnicas frente a los Comités y la Dirección Ejecutiva. Una experiencia interesante a evaluar, es la de generar la obligación de realizar audiencias públicas para sustentar las matrices de asignación de riesgos de los contratos de APP (como hacen los Reguladores con la fijación de tarifas).
La reforma de PROINVERSION es una oportunidad para mejorar la estructura organizacional, generando una sólida gestión del conocimiento que irradie en forma consistente a otros niveles de gobierno; y diseñando un abordaje integral (y no fraccionado) de la planificación, gestión de riesgos, así como el componente social, ambiental y predial asociado a los proyectos de inversión en infraestructura. El inicio del Gobierno es un tiempo propicio para iniciar un potente fortalecimiento institucional en PROINVERSION, que corra en paralelo con la formulación de la segunda versión del Plan Nacional de Infraestructura. Si se trata de dar confianza a los inversionistas, estas medidas pueden ser mucho más efectivas que caer en la tentación de cambiar por enésima vez la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
