Daño colateral

Fuente imagen: El Comercio.

(Versión ampliada de un artículo publicado el viernes 14 de febrero en El Comercio).

Daño colateral es un eufemismo usado por las fuerzas armadas para referirse al daño no intencional o accidental resultante de una operación militar. Por ello, cualquier acción militar debe minimizarlo.

En las investigaciones por el caso Lava Jato existe daño colateral, es decir, funcionarios públicos honrados que han sido injustamente acusados. Es posible sustentar esta afirmación con argumentos y evidencias. Por temas de espacio, recogeré solo las declaraciones de un colaborador eficaz: “Hay muchos funcionarios que son comprometidos con … el desarrollo del país. Los que se sobornan a Dios gracias no son la mayoría, son algunos … Algunos sí creen que de hecho la integración del Perú con Brasil, un país de un PBI … diez veces (el del Perú con él), que (tiene) tres (mil) kilómetros de frontera (es importante). El Perú no tenía una carretera con Brasil, no podía hacer comercio, no podía hacer nada y creían que esto (la carretera) era una forma de abrir el mercado brasilero para exportar productos y más. (En) Madre de Dios, una región completamente aislada de Perú, el día que llovía, el río crecía (y) la gente (…) no conseguía llegar a sus destinos porque no había cómo pasar, un aislamiento muy fuerte. La necesidad de la carretera (…) era evidente. Había funcionarios que sí estaban interesados en que el proyecto se diera, por una convicción legítima y lícita.”

Están son palabras de Jorge Barata extraídas del interrogatorio que condujo el Fiscal José Domingo Pérez el 23 abril del 2019 en Curitiba con respecto a la Interoceánica y cuya transcripción oficial obra en la fiscalía (Disposición 77 del 19 de setiembre del 2019 del caso 2017-02). Es oportuno recordar, además, que en su momento existía prácticamente consenso respecto a la importancia de la integración del Perú con Brasil y del papel que jugarían en ese proceso las carreteras interoceánicas.

Volvamos a Jorge Barata. Él mismo, que es quien denunció que el ex presidente Toledo le solicitó coimas y cuyas declaraciones son la razón por la cual se ha reabierto la investigación de la Interoceánica, reconoce la existencia de funcionarios probos en dicha licitación.  Declara, además, que a pesar de sus presiones, el presidente Toledo no pudo modificar las bases del concurso para que favorecieran a Odebrecht, y por eso se redujo el soborno inicialmente pactado. Es más, afirma que el contrato firmado le resultaba perjudicial a Odebrecht, y que fue a través de las adendas que pudo obtener los “beneficios” para pagar los sobornos. Dichos pagos se hicieron después de la adjudicación de la obra.

Es importante el trabajo que está realizando la Fiscalía y resulta vital para el país que se conozca toda la verdad y se sancione a todos aquellos que hayan participado de actos de corrupción. Pero igual de importante para el país es minimizar el daño colateral del caso Lava Jato. Porque no hacerlo no sólo tiene impactos negativos en la vida profesional y familiar de funcionarios honestos que hoy son acusados, sino que tiene al menos dos consecuencias directas adicionales: (i) sobre los procesos de concesión de las futuras y tan necesarias obras de infraestructura y (ii) sobre la posibilidad de que profesionales capaces y honestos deseen ingresar o volver a la administración pública.

Desde que se ha levantado el escándalo Lava Jato, son muy pocas las nuevas concesiones que ha otorgado Proinversión. ¿Qué funcionario público va a otorgar nuevas concesiones de infraestructura si puede ser erróneamente involucrado en un largo proceso judicial que conllevan un gran daño reputacional, laboral, familiar y económico? Hay profesionales que laboraron en el sector público que debido a estas investigaciones han perdido sus actuales empleos, que tienen que incurrir en gastos de abogados de su propio peculio y cuyas propiedades han sido embargadas preventivamente.

La brecha de infraestructura en el país no solo no se cerrará, sino que irá creciendo y afectando negativamente al resto de los sectores productivos.

El fin no puede justificar los medios. Los fiscales tienen que separar la paja del trigo. No sólo porque es justo con los funcionarios públicos que trabajaron de buena fe por el progreso del país, sino especialmente porque este proceder tendrá y ya está teniendo consecuencias en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza del país.