Dos riesgos, dos comandos

Imagen: La República

El país corre el riesgo de que al gobierno la quede grande tanto la gestión de la crisis como la posibilidad de aprovecharla para hacer las reformas que el Estado necesita

El país corre el riesgo de que la crisis del COVID-19 le quede muy grande al gobierno. El adverbio MUY es pertinente porque, como muestra lo sucedido en el mundo, casi no había Estado preparado para lo que esta pandemia está implicando. Si además consideramos las características particulares del Perú (altos niveles de informalidad y un sistema de salud precario, por ejemplo), las limitaciones eran mayores.

Pero este gobierno ha cometido errores críticos. Veamos solo uno. Es entendible que al no conocerse el comportamiento del nuevo virus se hayan cometido errores vinculados, por ejemplo, a cómo manejar las cuarentenas. Lo que es más difícil de entender es que un gobierno no conozca la realidad socioeconómica de su país, y que no haya entendido la relevancia -para su propia estrategia- de entregar un bono de más amplio alcance y efectividad desde que se iniciaron las cuarentenas. Este es un tema sobre el que algunos analistas llamaron la atención muy temprano. E incluso algunos, como Farid Matuk, directamente a las esferas más altas del gobierno.

A pesar de esa carencia, el factor de contagio (R) se acercó a 1. Por eso, cabe preguntarse qué hubiese ocurrido con un bono más amplio y más efectivo. Porque lo cierto es que la mayoría de peruanos se ha comportado bastante bien. Quien ha fallado es el Estado y un gobierno que boicoteó su propia estrategia.

Pero asumamos que también era posible que al inicio el gobierno no midiera la real importancia de un bono “universal”. Lo que no es entendible es que pasados 30, 60, 90 días de cuarentena, el alcance -y los resultados del bono- hayan sido los que conocemos. En el mejor de los casos se ha dado un bono de 760 soles para 100 días de cuarentena. 7.20 soles por día. US$2 por hogar, US$0.50 por persona. Sin un sistema de protección social y con una cuarentena tan extensa y estricta, ¿no era irrisorio pretender mantener a los hogares con “inmovilización? ¿La reactivación económica no hubiese sido más ordenada si se aseguraba un ingreso mínimo para las personas afectadas por la cuarentena?

Ahí están ahora las calles abarrotadas de gente intentando dedicarse al comercio ambulatorio, las combis y buses repletos de pasajeros y los asaltos que comienzan a aumentar en las ciudades. Las consecuencias sociales y económicas de esa indecisión del gobierno se acentuarán pronto y algunas durarán largo tiempo. Lo que no se invirtió en un bono de más amplio alcance y temporalidad, tendrá que invertirse ahora en múltiples ámbitos. Ese es el primer riesgo.

Pero incluso si ampliamos el ámbito de análisis -de este riesgo- a lo político, podríamos concluir que el propio gobierno es corresponsable de las iniciativas surgidas desde el Congreso. Con un porcentaje tan grande de la población en situación de vulnerabilidad, era inevitable la aparición de propuestas que pretendiesen suplir la falta de un ingreso mínimo. Y en este campo, el gobierno tiene que entender que todo aquello que deje de hacer, creará el espacio para la aparición de un candidato populista para el 2021. Ya no será posible argumentar que es importante ser responsables para sostener un modelo que finalmente no protege cuando la gente lo necesita. Tampoco que es importante guardar pan para mayo. Porque mayo llegó pero ese pan no.

Como afirmaron algunos economistas de derecha al inicio de la emergencia, en este contexto lo responsable era pecar de irresponsables. Y eso aplicaba y aplica aún no solo para lo técnico-económico, sino también para lo político.

El segundo riesgo que corremos es que esta crisis no nos sirva para resolver los problemas estructurales que se han evidenciado con tanta crudeza. Porque a pesar de que al inicio de la pandemia el Presidente Vizcarra planteó la idea de convertir esta crisis en una oportunidad, todo indica que su gobierno no está encaminado en ello.

Dos comandos

Frente a ello, una primera variable a considerar es la necesidad de una renovación del gabinete. Porque salvo algunas excepciones, hay ministros a los que el reto les ha quedado grande. Si el gobierno decide dar ese paso y quiere marcar una diferencia con sus anteriores gabinetes, tendría que convocar a profesionales reconocidos, con experiencia previa en la gestión pública, que ya conozcan los sectores que asumirían y que también conozcan el país. Una alternativa es pensar en los mejores ministros de los últimos gobiernos. No hay tiempo que perder. Se trata de una de las mayores crisis de nuestra historia y por ello se necesitan personas que ya conozcan el sector público por dentro y hayan podido gestionarlo con relativa eficacia.

Un segundo aspecto a considerar es cómo logramos que esta crisis permita efectivamente una reforma de fondo del Estado. Habría que comenzar asumiendo que no es sensato esperar que sean los propios ministros encargados de gestionar la crisis los que asuman la responsabilidad de impulsar un proceso así. Ya era poco posible antes del COVID-19, porque el corto plazo suele ser desbordante. Ahora lo es menos aún.

Por esa razón, el gobierno necesita una comisión al más alto nivel, que dependa directamente del Presidente y que se dedique todo este último año específicamente a repensar, diseñar y planificar dichos cambios, a desarrollar proyectos pilotos y a entregarle una propuesta al siguiente gobierno. Dicha comisión debe dejar a un lado la mirada sectorial bajo la que está estructurada actualmente el Estado. Debe partir de una mirada territorial y transversal.

Porque la reforma del Estado será infructuosa si creemos que solo implica acabar con la corrupción, mejorar procedimientos y hacer eficiente la gestión de lo que ya existe hoy. El Estado peruano es disfuncional, entre otras razones, porque su concepción ha partido de una mirada capitalina y desde los intereses alrededor de esa mirada. Su reconstrucción requeriría, entonces, concebirla desde la realidad y particularidades de los múltiples territorios del país.

Por esa razón, un punto de partida posible es retomar el trabajo que han venido realizando dos instancias de este mismo gobierno. Por un lado, los proyectos piloto que venía impulsando el viceministerio de gobernanza territorial en la selva y sierra. Y por el otro, el espacio político de coordinación intergubernamental (los GORE Ejecutivos) que se ha fortalecido gracias al trabajo de la secretaría de descentralización de la PCM. Asimismo, en su momento, el Acuerdo Nacional y otros espacios con legitimidad política, tendrán un rol que cumplir (incluso el propio Congreso).

Porque esa posible reconceptualización y reestructuración del Estado abrirá múltiples ámbitos de discusión que será necesario resolver si queremos cambiar de verdad la cruda realidad que la pandemia nos ha enrostrado. Es una oportunidad, efectivamente. Pero es necesario que el gobierno tome conciencia de la magnitud del reto que tiene enfrente.