Facultades Peligrosas (Parte 1)
¿Existen condiciones que justifiquen otorgar facultades al Ejecutivo en las múltiples áreas en que las ha solicitado?
El gobierno ha solicitado delegación de facultades al Congreso para legislar en materia tributaria, financiera y de inversión. Las facultades delegadas son usuales para impulsar reformas y propuestas de política pública al inicio de las gestiones gubernamentales. No constituyen, sin embargo, un derecho, sino una potestad del Congreso. Para otorgarlas se requiere un mínimo de claridad y transparencia de parte del gobierno (si bien existe un control posterior, son muy difíciles de revertir). ¿Existen dichas condiciones en las actuales circunstancias? Además de múltiples versiones de planes de gobierno, o de cómo interpretar las contradicciones del Presidente en temas económicos centrales, o de las fuertes discrepancias al interior de los gabinetes, el Ministro de Economía señaló en múltiples oportunidades que no se subirían impuestos, varios puntos de la solicitud de facultades no fueron mencionados previamente y en otros casos se desconocen los alcances de lo que busca lograr el Ejecutivo con ello.
Más aún, estamos ante un gobierno que en reiteradas oportunidades ha transgredido competencias del Congreso mediante Decretos de Urgencia de dudosa constitucionalidad para elevar techos presupuestarios a través de créditos suplementarios por múltiples miles de millones de soles en materias que no son ni imprevisibles ni urgentes, como lo ha señalado el Consejo Fiscal en más de una oportunidad (cf.gob.pe). Esto de parte de un gobierno que formuló un Marco Macroeconómico Multianual (MMM) cuyas metas colisionan con las reglas fiscales vigentes (que son límites legales), algo inédito en las dos décadas desde que las finanzas públicas operan bajo un marco de reglas. Más de dos meses después de la promulgación del MMM de parte del Ejecutivo, este sigue sin remitir al Congreso un proyecto de ley que modifique dichas reglas (de déficit y gasto) para el 2023 en adelante, que le brinde un soporte legal. Esta erosión de la institucionalidad macrofiscal puede pasar desapercibida por ahora debido a otras preocupaciones más inmediatas, pero ya nos está pasando factura, partiendo por la ausencia de rendición de cuentas.
En cuanto a las facultades solicitadas, abundan los argumentos por los cuales varias de ellas no son recomendables. Con el mercado laboral y las expectativas de inversión débiles, es inconsistente pretender reactivar la economía reduciendo (¿en 14 mil millones de soles?) el gasto de consumo e inversión privados vía aumentos de impuestos. Tampoco es claro el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas públicas, al (auto) autorizarse incrementos del gasto público de cuestionable necesidad, financiados con ingresos no permanentes y deuda, mientras no se presta atención a la recomposición de nuestras defensas fiscales (por ejemplo, recomponer el Fondo de Estabilización Fiscal) y es evidente la ausencia de compromiso con una trayectoria fiscal vinculante de mediano plazo. Cabe mencionar también que el concepto de “reactivación” es transitorio, pero se proponen subidas de impuestos con carácter permanente.
En lo que se refiere a la búsqueda de mayor progresividad, hay consideraciones relevantes que el gobierno omite en su motivación. Es cuando menos debatible que se pretenda gravar con mayores tasas a fuentes generadoras de renta en mercados severamente afectados por la pandemia (alquileres) o por la incertidumbre generada por el propio gobierno (propiedad inmueble y mercados de capitales). Estos mercados, además, están poco desarrollados en el Perú, y por lo menos en el primer caso, son propensos a informalidad.
La propuesta incrementaría aún más la carga a los (pocos) contribuyentes formales en el Perú, tanto personas naturales como jurídicas, cuando dicha carga, incorporando todas las fuentes de renta, no es baja para un país de ingreso medio. El gobierno hace un análisis parcial impuesto por impuesto para justificar subidas de tasas, sin considerar la carga combinada. No toma en consideración que en muchos casos estos contribuyentes tienen que sustituir mediante provisión privada, bienes y servicios públicos. Tampoco pondera lo inequitativo que es incrementar la carga a los formales cuando la inmensa mayoría en informalidad no aporta en línea con su capacidad contributiva. Deberían lograrse resultados concretos y significativos de ampliación de base antes de considerar mayores cargas que se constituyan en barreras a la entrada adicionales a la formalidad tributaria.
Ello no significa que no haya una lucha frontal contra la elusión de grandes empresas y personas de alto patrimonio, objetivo que se priorizó con la agenda OCDE hace ya casi una década. Pero esa diferencia fundamental entre reducir elusión (y evasión), es decir, adoptar medidas para que todos paguen lo que les corresponde, frente a gravar antojadizamente cada vez más a algunos pocos, pareciera no importarle al gobierno, a juzgar por el contenido de las solicitudes (y las declaraciones del Ministro de Economía). Este análisis, incluyendo otras áreas en las cuáles también se solicitan facultades, serán materia de la segunda parte de esta columna.
Para quienes hemos defendido y trabajado en la búsqueda de un mejor Estado, con mayores capacidades y recursos para cerrar brechas y proveer de bienes y servicios públicos a los peruanos, sobre todo a los más vulnerables y con menores oportunidades, es decepcionante ver como se vacía de contenido dichos objetivos al alejarse las políticas públicas de la evidencia y gobernar sobre la base de prejuicios y con niveles de incompetencia e improvisación no antes vistos. Ese no es el camino.
Original publicado en Gestión.
