Hacia una nueva agenda de superación de la pobreza

Imagen: El Comercio.

En el transcurso de este milenio, la evolución de la pobreza en el Perú pasó por tres momentos: caída, estancamiento y aumento. Primero, la pobreza se redujo casi a la mitad entre los años 2003 al 2013 (Herrera, 2017). De tasas de pobreza nacionales por encima del 50% (por ejemplo, 58,7% en el año 2004), pasamos a cifras alrededor del 20% hacia el año 2016. Segundo, el ritmo de reducción de la pobreza prácticamente se estancó durante el último quinquenio, fluctuando entre 20,7% (2016) a 20,2% (2019). Finalmente, la pobreza se incrementó drásticamente en el último año como consecuencia de la pandemia, suponiendo un retroceso de una década: la tasa de pobreza total pasó de 20,2% (2019) a 30,1% (2020). Esto significa que casi diez millones de peruanos viven en pobreza, de los cuales aproximadamente 6,8 millones residen en el ámbito urbano y 3,2 millones en el ámbito rural.

Rumbo al 2026, el Perú debe redoblar esfuerzos para retomar la senda de reducción de la pobreza y evitar que los impactos generados por el COVID-19 se conviertan en permanentes y profundicen desigualdades. Para ello resulta indispensable fortalecer la institucionalidad de la política social, optimizar la calidad de la inversión pública en programas sociales e innovar las estrategias de superación de la pobreza para que respondan a los nuevos retos que enfrenta el país.

El próximo gobierno tiene la oportunidad de relanzar la agenda de superación de la pobreza, consolidando lo avanzado e incorporando nuevos énfasis para incrementar el potencial transformador de la protección social. Existe valioso conocimiento acumulado en el sector público, academia, sociedad civil y sector privado que será relevante para avanzar en esta dirección. A continuación, proponemos cinco ideas fuerza:

1) Potenciar las estrategias dirigidas a la superación de la pobreza rural. Complementar la lógica de expansión de cobertura de programas sociales con una lógica de adaptación de servicios en respuesta a la heterogeneidad de la pobreza rural, con el fin de incrementar la efectividad de las intervenciones. Asimismo, acelerar la implementación de paquetes de infraestructura social y productiva (servicios básicos, conectividad, etc.). Urgen respuestas específicas para los pueblos indígenas, zonas altoandinas y la Amazonía.

2) Generar nuevas soluciones para responder a la pobreza urbana. El Perú no cuenta con instrumentos específicos para responder a la pobreza en las ciudades. Resulta necesario ampliar la comprensión sobre las causas y las características de la pobreza urbana, así como potenciar la capacidad de los municipios para asumir nuevos roles de soporte vinculados a la protección social.

3) Vinculación con el mercado laboral. Para superar la pobreza de manera sostenible, se requieren ingresos autónomos. Es por ello que resulta indispensable invertir en la generación de habilidades para la empleabilidad (digitalización, inclusión financiera, etc.) y en la vinculación con oportunidades de empleo. Asimismo, se requiere brindar soporte a los emprendimientos realizados en el marco de programas de desarrollo productivo, pues la mayoría enfrenta dificultades para alcanzar viabilidad comercial.

4) Fortalecer el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. La implementación de programas sociales suele generar sobrecarga para las mujeres, quienes, a su vez, también responden a responsabilidades en el hogar, en el trabajo y en sus comunidades. Debe promoverse la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

5) Garantizar independencia política y calidad técnica. Los programas sociales son instrumentos que permiten restituir derechos y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. El próximo gobierno debe comprometerse con un manejo riguroso y transparente, evitando clientelismo y asistencialismo.

Más allá de anuncios de bonos y programas, el Perú requiere renovar su estrategia de superación de la pobreza con una perspectiva de mediano plazo que no solo busque mover indicadores puntuales, sino que genere mejoras sostenibles en las condiciones de vida y acceso a oportunidades de los ciudadanos. Reducir la pobreza resulta indispensable para la legitimidad del sistema democrático.