La asociatividad: el camino para muchas MYPE

El Perú tiene pocas medianas y grandes empresas. La mayoría, el 99,3%, son micro y pequeñas empresas (MYPE). Si bien emplean al 85% de la mano de obra, su nivel de productividad es baja y, por ende, la productividad promedio de la economía en su conjunto también lo es.

En teoría, a medida que los países crecen y se desarrollan, el sector moderno formal, compuesto normalmente por empresas grandes y medianas, emplea un porcentaje creciente de la mano de obra. Pero este proceso, también llamado “cambio estructural”, no se ha dado en el Perú a pesar del crecimiento de los últimos 25 años. En lugar de la utopía modernista, tenemos en algunos casos una distopía.

Los economistas no tenemos una buena respuesta sobre el porqué de este entrampamiento. Y en la medida que se ha generalizado en la región (ningún país en América Latina ha experimentado cambio estructural desde 1990), lejos de parecernos una aberración, se ha convertido en la normalidad. La única certeza es que la inercia solo perpetuará esta normalidad distópica.

¿Qué hacer? Los sectores en los cuales parecemos tener mayores ventajas comparativas (reveladas o latentes) como la minería, la agroexportación, el sector forestal, la acuicultura y algunos rubros de la industria y la pesca, requieren gran escala para ser competitivos. Y altos niveles de calidad que les permitan insertarse en cadenas de valor formales locales o internacionales. Pero la gran mayoría de nuestras MYPE están muy lejos de los niveles de escala, de calidad y productividad necesarios.

Los sectores en los cuales parecemos tener mayores ventajas comparativas requieren gran escala para ser competitivos. Y altos niveles de calidad para insertarse en cadenas de valor locales o internacionales

El problema se ha agravado debido a que los estándares de calidad para insertarse en dichas cadenas han ido aumentando. Por un lado, existe demanda por una mayor calidad de los productos, lo que incluye que estén estandarizados, que puedan demostrar trazabilidad e inocuidad y, en general, que tengan mejores propiedades físicas. Por otro lado, ha aumentado el costo de lo que podríamos llamar la “licencia social”, debido a temas ambientales, laborales, sociales, etc. Y nuestro Estado responde a estas demandas por mayor calidad con regulación inadecuada, mala gestión pública y acompañamiento casi nulo, todo lo cual hace más difícil aún cumplir con dichos estándares.

Así, la valla requerida para que nuestras MYPE logren la transición hacia la formalidad, o incluso para mantenerse allí, continúa elevándose. ¿Qué hacer?

No existen soluciones únicas. Pero, evidentemente, es necesario que las MYPE logren las ventajas de tener una mayor escala: reducir los costos fijos unitarios y alcanzar más fácilmente los estándares de calidad que requiere el mercado. La experiencia ha mostrado que las MYPE que trabajan en forma asociativa pueden y deben ser parte de la solución.

Pensemos en un ejemplo concreto del sector agrícola. Las empresas que logran la certificación Global GAP (Good Agricultural Practices), una lista estandarizada de buenas prácticas en el campo, pueden lograr un aumento de aproximadamente un 15% en el precio de sus productos. Para lograr dicha certificación, se requiere incurrir en ciertos costos fijos, como pozos, el tratamiento de residuos (que deben ser almacenados) o la existencia de cercos perimétricos en el fundo. Estos costos son altos para una MYPE, pero se pueden diluir con la escala. Por ello, para las MYPE agrícolas asociadas tiene mucho más sentido obtener la certificación. De hecho, en el sector hay una tendencia a trabajar cooperativamente. Y la tendencia de estas cooperativas es a certificarse.

Por ejemplo, las empresas que logran la certificación GAP, pueden lograr un aumento de aproximadamente 15% en el precio de sus productos

Otro ejemplo: los compradores prefieren lidiar con una sola empresa que con cien MYPE. Ello ha generado una demanda por acopiadores que tienen plantas o venden directamente a ellas. El acopiador conoce el negocio, financia la cosecha y conoce el mercado de exportación. La asociatividad puede permitir un trato directo del productor con la planta. Ello no necesariamente implica eliminar al acopiador, pero sí aumentar el poder de negociación de las MYPE, que pueden lograr mejores precios de venta. La asociatividad permite, además, centralizar los costos administrativos requeridos para la formalidad, lo que mejora la eficiencia.

Es por estas razones que en el mundo las experiencias de asociatividad son múltiples y exitosas.  Las cooperativas cuentan con casi mil millones de socios globalmente.  En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa. En EEUU, las cooperativas agropecuarias tienen el 28% de participación en el procesamiento y la comercialización de la producción agrícola. En España, las cooperativas agroalimentarias facturan el 65% de la Producción Agraria y el 30% de las ventas de la industria alimentaria.

En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa. En España, las cooperativas agroalimentarias facturan el 65% de la Producción Agraria

Incluso en nuestro país hay experiencias exitosas de asociatividad. En particular, las cooperativas de café y cacao articulan a miles de productores, e invierten su escaso capital en investigación y mejoramiento de cultivos. Ello se ha dado con ayuda de la cooperación internacional y ha permitido que estas cooperativas logren importantes premios internacionales a la calidad y que mejoren su productividad y su rentabilidad.

Por eso, si bien la asociatividad no está difundida en el país, el Estado tiene un rol claro: debe fomentarla. La herramienta más adecuada para ello es la cooperativización. Las cooperativas son el modelo empresarial de personas que contempla nuestra legislación. Mantiene el individualismo, pero se incentiva la articulación. Para fines productivos, las cooperativas son superiores que las asociaciones. Estas últimas están muy difundidas en el país. En una asociación, el asociado sigue tributando de manera individual, mientras que en la cooperativa los socios pueden tributar de manera grupal, lo que permite mayor integración y eficiencia. La asociación no puede contar con capital social y las utilidades no pueden distribuirse ni directa ni indirectamente. En las cooperativas, en cambio, sí puede darse esta distribución de utilidades. Además, las cooperativas tienen mucha mayor posibilidad de acceder a financiamiento.

Pero las cooperativas necesitan mejoras en su marco normativo. Entre otras cosas, se debería ver la pertinencia de ampliar los alcances de la Ley 29972[1] a otros sectores, y no circunscribirla solamente al agro. También se debería revisar la legislación tributaria respecto a las cooperativas y adecuarla a su naturaleza: asociaciones de personas y articuladoras del esfuerzo individual de sus miembros. Se debe tratar a las cooperativas como MYPE cuando sus socios tienen esa condición. Actualmente, cooperativas que agrupan a cientos de MYPE son consideradas como empresas medianas o grandes debido al volumen de ventas agregadas de sus socios. Como resultado, a menudo son excluidas de los fondos concursables y otros programas dirigidos a las MYPE. Debería ocurrir justamente lo contrario para fomentar el crecimiento y no el “enanismo”, que ha sido lo estándar en nuestra normativa.

Se debe tratar a las cooperativas como MYPE cuando sus socios tienen esa condición. Hoy, las cooperativas que agrupan a cientos de MYPE son consideradas como empresas medianas o grandes debido al volumen de ventas agregadas. Como resultado, a menudo son excluidas de los fondos concursables y otros programas dirigidos a las MYPE

Sin embargo, fomentar la asociatividad no es suficiente. El Estado también debe acompañar a las MYPE para que logren los estándares de calidad necesarios para su inserción en la formalidad. A nivel administrativo, el Estado debería brindar un acompañamiento importante para generar la estructura organizacional adecuada y ayudarlas con planes de negocios. En temas más tecnológicos, debería ayudarlas con cofinanciamiento para la innovación (centrado en productores asociados y con estructura empresarial) y transferencia, así como con facilitación para la obtención de certificaciones. Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), que ya llevan a cabo algunas de estas tareas, pero en pequeña escala, pueden ser una herramienta crucial para ejecutar dicho acompañamiento (https://hacerperu.pe/los-cite-un-instrumento-fenomenal-para-formalizar/). También INACAL, INIA (aunque necesitaría mejorar mucho para ello), Compras MYPErú (https://hacerperu.pe/el-problema-no-es-solo-la-inaccion/), Concytec, Cofide, etc., pueden ser útiles en el acompañamiento.

No todas las MYPE tienen potencial de crecimiento. Muchas tienen un carácter de subsistencia y son, fundamentalmente, producto de la falta de oportunidades en la generación de empleo. En dichos casos, muy posiblemente la asociatividad no será parte de la solución. Pero para muchas MYPE, en particular para aquellas que están en el límite entre la formalidad y la informalidad, la asociatividad acompañada por el Estado es lo que les permitirá hacer la transición.

El problema que tienen nuestras Mypes es claro, pero tenemos los instrumentos para avanzar y solucionarlo. Necesitamos decisión y mucha gestión.

[1] Los socios de las cooperativas agrarias no están obligados a inscribirse en el RUC, y están exceptuados de llevar libros contables y presentar declaraciones juradas a la Sunat. Las cooperativas agrarias son las que están obligadas a llevar un registro de las operaciones de sus socios, y deben efectuar las retenciones del impuesto a la renta cuando correspondan.