La continuidad inconquistable
Han transcurrido poco más de 2 años desde que la OCDE presentó en Lima el Volumen 3 del Estudio Multidimensional del Perú, el cual analizó nuestros principales desafíos para evitar sucumbir a diversas trampas del desarrollo. En particular, la OCDE señaló la necesidad de emprender reformas ambiciosas en tres ámbitos críticos de la política pública: A) la Diversificación Productiva; B) La conectividad del transporte; y C) La formalización laboral.
En estos días en que el futuro de la reforma del transporte vive una nefasta turbulencia institucional, es necesario recordar las 3 líneas de acción propuestas por la OCDE para dinamizar la conectividad del transporte: i) Desarrollar una estrategia nacional para reducir los costos del transporte, mejorar la conectividad y promover la multimodalidad; ii) Desarrollar una política nacional de transporte urbano y movilidad; y, iii) Mejorar las políticas de transporte implementadas a nivel local, con especial atención en el área de Lima-Callao.
En este último punto, la OCDE resaltó que es esencial avanzar en el establecimiento de una sola autoridad de movilidad para Lima Callao (la ATU), para lo cual priorizó: a) Desarrollar estrategias integrales de transporte; b) Consolidar el marco institucional de la nueva autoridad; c) Beneficiarse del liderazgo de actores políticos clave y fomentar el apoyo de otras autoridades; y, d) Apoyar a la ATU con capacidad técnica, recursos humanos y financiamiento asegurado.
Hace poco, Relaciones Exteriores informó que el Presidente remitió un oficio al secretario general de la OCDE, manifestando la “firme posición” del Perú para ser parte del organismo internacional. Sí, el camino será muy largo, pero más allá de eso, está claro que un proceso serio de ingreso a OCDE requiere como mínimo, un compromiso político inquebrantable con la continuidad de las políticas públicas y el respeto irrestricto a la institucionalidad. En este escenario, resulta paradójico y desolador ser testigos de la reincidencia con que se designa algunos funcionarios que están lejos del perfil idóneo en algunos altos cargos en el Ejecutivo; y padecer más que nunca la incertidumbre que hay respecto a la necesaria continuidad de políticas públicas, respecto de las cuales creíamos que había consenso.
Pocas políticas públicas impactan más directamente no sólo en la competitividad, sino en la calidad de vida de los ciudadanos de un país; como es el caso de la política nacional de transporte urbano y movilidad. Sin embargo, con estupor hemos visto un desfile de nombramientos, renuncias y destituciones en medio de escándalos en el MTC; la negociación de la permanencia de la Presidenta de la ATU con sectores que por años han socavado cualquier esfuerzo por mejorar el transporte (a pesar que en su última presentación en el Congreso, el Ministro ofreció “Fortalecer la gobernanza en el sector transporte”); la ausencia de un plan integral creíble en el sector en los próximos 5 años (aun cuando es el sector con mayor tracción presupuestal y locomotora necesaria en la ejecución de obras para la reactivación económica).
Pero, lo que es aún más grave, hemos visto el mismo sabotaje institucional en ciertos sectores del Congreso. Lejos de poder aspirar a que se continúe implementando políticas públicas básicas, los peruanos tenemos que padecer una inusual coincidencia entre el MTC y el Congreso en contra de una reforma que nos afecta e interesa a todos los ciudadanos; y una funesta confluencia de intereses en contra de la reforma del transporte. Mientras tanto, sigue en suspenso la implementación de algunas tareas importantes en la agenda pendiente del sector transportes: I) La reorganización y modernización del MTC; II) La vinculación de las políticas de transporte con los objetivos nacionales en materia ambiental, social, económica y de política nacional de integridad; III) La definición de prioridades de inversión en infraestructura sostenible, componiendo una cartera que haga un balance óptimo entre obra pública y asociaciones público-privadas; IV) El avance en la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima, y su integración física y tarifaria con la Línea 1, así como la implementación de la ampliación del Metropolitano; V) El desarrollo de datos e indicadores que midan los componentes y los costos de la logística a nivel nacional y sub-nacional; y, VI) Acometer una mejora sustancial en la coordinación entre las diferentes agencias involucradas en las política de logística y política nacional de transporte urbano (lo cual podría empezar con la activación de Mesas Ejecutivas en cada uno de estos temas). Ninguno de estos objetivos se logrará sin liderazgo, idoneidad técnica y credibilidad de las autoridades a cargo, y sin concretar un trabajo articulado de las autoridades del MTC, ATU, Municipalidad de Lima Metropolitana y autoridades subnacionales en transporte.
Dicen que el viaje más largo empieza con el primer paso, esperemos que ese primer paso sea el compromiso real del gobierno con la reforma del transporte.
Original publicado en Gestión.
