México: La elusiva búsqueda de la prosperidad
Imaginemos un país que sigue al pie de la letra los preceptos de la economía del desarrollo, es decir, garantiza la estabilidad macroeconómica, mantiene un régimen de comercio abierto e invierte en capital físico y educación. Ahora imaginemos que este país sufre de un crecimiento anémico y que lo ha padecido a lo largo de dos décadas. ¿Qué es lo que ha salido mal?
Esta es la trágica pregunta a la que se enfrenta México y el tema de un análisis pionero publicado por Santiago Levy, ex Viceministro de Hacienda de dicho país y actual Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID. En su nuevo libro, titulado Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México, Levy analiza las regulaciones laborales, tributarias y relacionadas con la seguridad social. En principio estas se orientan a ayudar a las pequeñas empresas y a ampliar la cobertura de la protección social de los trabajadores, pero en cambio han acabado ahogandola productividad y, en ese proceso, han dejado de servir precisamente a las personas que intentaban ayudar.
Este análisis se puede aplicar en términos amplios a numerosos países de la región que también tienen empresas pequeñas que se ven favorecidas a expensas de firmas más grandes y productivas, a las que se les impone un sinfín de regulaciones laborales y de seguridad social. Estas normas, que se solapan y cuyo diseño es pobre, sumadas a un contexto legal débil, contribuyen a una mala asignación de los recursos y asfixian el crecimiento.
Sin embargo, el estudio de Levy se centra en México. Allí, estas políticas han contribuido a tasas de crecimiento per cápita insignificantes, de solo un 1,2% como promedio entre 1996 y 2015, cifra inferior a la de casi todos los demás países de América Latina, y han creado una situación en la que los trabajadores no consiguen empleos que estén a la altura de su capacitación ni pueden alcanzar mejores niveles de vida.
Estos son los problemas que preocupan a Levy, arquitecto de Progresa-Oportunidades, un programa contra la pobreza que constituye un hito de México y que está focalizado en los sectores más necesitados del país. México ha invertido de manera enérgica en capital humano y en capital físico, dice Levy. ¿Por qué entonces las personas no consiguen automáticamente mejores empleos y viven mejores vidas?
México tiene uno de los mejores censos económicos de América Latina, con datos sobre millones de empresas de todos los tamaños en los rubros de manufactura, servicios y comercio, que pueden ser objeto de un seguimiento a lo largo del tiempo. Esto le permite a Levy demostrar cómo las empresas formales a menudo se ven obligadas a la informalidad para sobrevivir, y cómo las firmas informales persisten, aunque en promedio sean un 50% menos productivas que las formales. Actualmente, más del 90% de las empresas y del 55% de todo el empleo en México tiene lugar en el sector informal, lo cual implica una sangría asombrosa de la productividad nacional.
Pensemos en el ámbito de la protección laboral. Una empresa grande que contrata legalmente a trabajadores asalariados está sujeta a un conjunto de regulaciones que no rigen para una firma que emplea a trabajadores no asalariados. Debido a estas regulaciones, suele ser imposible que las empresas grandes puedan despedir a los trabajadores y reducir su tamaño cuando golpea una recesión o tiene lugar algún otro shock negativo. En cambio, una empresa con trabajadores no asalariados, que a menudo consiste en un puñado de “socios” o miembros de una familia, no está sujeta a ninguna de esas normas. El resultado es que las firmas prefieren seguir siendo pequeñas y utilizar contratos no asalariados e informales para mantener la flexibilidad, en lugar de crecer y cosechar mayores beneficios en economías de escala, economías de alcance e innovación.
La seguridad social es otro ejemplo. Una empresa que contrata legalmente a trabajadores asalariados contribuye por ley al seguro social y a la jubilación de los trabajadores. Sin embargo, esos gastos se deducirán de los salarios. Esto crea un incentivo perverso para que los trabajadores se empleen en firmas con contratos no asalariados o en empresas con contratos asalariados que violan la ley pero siguen siendo pequeñas para poder hacerlo. Por otra parte, los empleados de esas empresas reciben prestaciones médicas y jubilaciones que son pagadas directamente por el erario público. Sin embargo, en el proceso, renuncian a las numerosas oportunidades que las empresas grandes y legales ofrecen en cuanto a capacitación laboral, estabilidad en el empleo, aumentos de salario y promociones profesionales, beneficios todos que las empresas pequeñas, a veces ilegales, prácticamente nunca pueden proporcionar.
Hay muchos otros ejemplos de cómo las políticas acaban penalizando al sector productivo formal mientras subsidian al sector improductivo informal. No obstante, el efecto agregado es el mismo. Todos salen perjudicados. Las empresas más grandes requieren más trabajadores calificados, pero dado que son castigadas por las regulaciones laborales, tributarias y de la seguridad social, su presencia es escasa y la demanda de mano de obra calificada está deprimida. Los trabajadores altamente formados no consiguen los empleos que merecen, y los ingenieros o abogados acaban conduciendo un taxi. Entretanto, dado que los trabajadores pobres tampoco tienen suficientes empleos en las firmas grandes y productivas, sus sueños de una movilidad ascendente se ven frustrados. Puede que tengan una mejor educación y mejor salud que sus padres, en parte gracias a Progresa-Oportunidades, pero no tienen mejores empleos. La frustración es enorme.
¿Qué se puede hacer? Levy deja claro que no está pidiendo que se limiten las herramientas de protección social. Al contrario, estas deberían ampliarse. El autor se pronuncia sin ambages por la seguridad social universal y hace un llamado a favor de la introducción del seguro de desempleo, de modo que las empresas puedan despedir a los trabajadores sin negarles el acceso a las prestaciones sociales. El quid de la cuestión consiste en reformar las regulaciones de tal manera que las empresas no tengan que practicar estas acrobacias para evitar ser castigadas por los regímenes laboral, tributario y de la seguridad social. También se debe mejorar el régimen jurídico, de modo que los contratos se hagan cumplir en tiempo y forma, facilitando así el acceso de las empresas al crédito. Se trata de crear una sociedad que sea justa y, al mismo tiempo, productiva. En pocas palabras, se trata de crear prosperidad.
