¿Para qué planificamos?
Foto: El Comercio.
Autor: Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista
Las ciudades atraen personas porque concentran inversiones, oportunidades y servicios. Presentan enormes desigualdades, pero son el mejor lugar para alejarse de la pobreza (Glaeser, 2011). Esta atracción se traduce en una creciente demanda de vivienda, y en el Perú, ante la limitada capacidad del Estado y del sector formal de atenderla, aparecen diversos productos informales que terminan siendo la única alternativa para millones de familias. La consecuencia de esto es que el 93% del suelo urbano creado en los últimos 20 años es de origen informal e ilegal (Grade, 2020), y que el 80% de las viviendas sean autoconstruidas (ADI, 2023).
¿Qué podemos hacer ante ello? Las municipalidades provinciales tienen la responsabilidad de planificar el territorio bajo su jurisdicción, determinando dónde, qué y cómo se debería construir. Esto permite alejar a las personas de zonas de riesgo, preservar los ecosistemas y recursos naturales, optimizar e incentivar las inversiones públicas y privadas, incrementar la producción de viviendas sociales, y mejorar integralmente la seguridad y calidad de vida. Para esto se elaboran los Planes de Desarrollo Urbano (PDU). Lamentablemente, al 2019 sólo el 15,1% de las municipalidades contaban con un plan urbano vigente (INEI), y casi ninguno ha sido utilizado para organizar la ocupación del suelo y priorizar la inversión pública (MVCS, 2021).
El plan integral de Reconstrucción con Cambios, que se promovió luego del Fenómeno del Niño (FEN) del 2017, proponía como principal aporte la planificación urbana para poder prevenir situaciones que pongan en riesgo a la población, y proyectar las obras necesarias para garantizar su seguridad. Con esta finalidad se le encargó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la elaboración de 68 planes para las diversas ciudades de las regiones afectadas, con un presupuesto de 30,7 millones de soles. Sería importante saber cómo estos planes se están aprovechando para priorizar las obras y prevenir los riesgos que hoy enfrentamos ante el inminente FEN 2024. Por otro lado, en el 2020 se destinaron más de 10 millones de soles para elaborar los planes metropolitanos de Lima y el Callao. A la fecha sólo el de Lima ha sido aprobado, y no vemos ningún indicio de su implementación.
Recientemente, el Congreso ha aprobado la delegatura de facultades especiales y un crédito suplementario para poder enfrentar el FEN 2024. Si revisamos el contenido de ambas leyes, podemos apreciar una importante inconsistencia en materia de planificación urbana. En la Ley de delegación de facultades se plantea “dictar medidas para la regulación del derecho de propiedad”, para lo cual el MVCS ha presentado un proyecto de norma que propone regularizar ocupaciones en zonas no urbanas sin considerar el nivel de riesgo al cual están expuestas. Por otro lado, dentro del presupuesto complementario, se ha previsto invertir cerca de 7 millones de soles para que dicho ministerio complete los planes interdistritales de Lima y elabore los de la provincia de Huaral, donde se está construyendo el megapuerto de Chancay. ¿Tiene sentido seguir invirtiendo en planificación si es el mismo Estado quien sistemáticamente la hace inviable?
Dar títulos y crear nuevos distritos son promesas recurrentes de campaña, porque es la principal demanda de una sociedad que ha resuelto mayoritariamente su necesidad de habitar de manera informal. Ante una nueva amenaza climática, y nuestra reiterada incapacidad de gestionar y fiscalizar de manera adecuada la ocupación del suelo, debiéramos plantearnos seriamente si la manera como estamos planificando el desarrollo urbano es consecuente con nuestra realidad, o si necesitamos instrumentos más dinámicos y especialmente orientados a la mitigación de riesgos, protección de ecosistemas y prevención del cambio climático; con un marco institucional sólido y capacidad real de ejecución y sanción. Asimismo, debiera exigirse que los proyectos de inversión pública sean determinados y priorizados en los planes urbanos, para reducir la arbitrariedad y agilizar su concreción.
La precaria coyuntura con la cual enfrentaremos al FEN 2024 debiera ser un fuerte llamado de atención a la sociedad en general, para exigir a nuestros representantes acciones concretas que nos permitan esta vez que sí haya una “reconstrucción con cambios”.
Original publicado en El Comercio.
