Perdiendo el paso

Fuente imagen: ANDINA.

La prórroga de la cuarentena era inevitable. Pero sin una estrategia de salida ni datos confiables que la guíen, el daño económico a empresas (de todos los tamaños) y hogares se puede volver intolerable. El gobierno debe revisar sustancialmente sus políticas económicas para evitar profundizar lo que será la mayor recesión de las últimas décadas.

El gobierno reaccionó acertadamente cuando aplicó una cuarentena estricta antes que muchos otros países. Merece crédito por la contundencia de dicha reacción. También, por la celeridad con la que anunció medidas de alivio a hogares.

Pero conforme pasan los días se ha perdido el paso, tal como ocurrió en las semanas previas a la llegada del virus, cuando se perdió la oportunidad de prepararnos. La improvisación y fallas de diseño tanto en materia de salud pública como económica son evidentes.

Parte del problema puede explicarse por debilidades de nuestro Estado. Otra parte quizás por nueva información que va apareciendo. Sin embargo, también hay problemas de gestión. La falta de planeamiento y preparación conllevan costos, que se multiplican con el tiempo.

No hay duda de que el país requiere del apoyo de todos para superar esta crisis. En algunos casos la mejor manera de hacerlo es resaltar lo que puede mejorarse, tanto para sugerir correcciones como nuevas propuestas.

La salud pública y los errores iniciales

La decisión de prorrogar la cuarentena por dos semanas más es entendible. Es menos entendible que el gobierno no logre articular una estrategia sostenible de salida.

La decisión de prorrogar la cuarentena por dos semanas más es entendible. Los números reportados no sugieren que se esté conteniendo la epidemia. Pero es mucho menos entendible el hecho de que el gobierno no logre articular una estrategia sostenible de salida, no haya podido establecer un programa de testeo razonable y haga un manejo todavía poco transparente de la información. “Martillar” será necesario, pero no es ni suficiente ni sostenible. En algún momento se debe empezar a soltar.

Los problemas de gestión en salud pública hoy son en alguna medida resultado de mala gestión de los meses previos. El mayor error fue la demora en la declaratoria de Emergencia Sanitaria, instrumento mediante el cual se autoriza al Minsa, bajo mecanismos rápidos de excepción, a la adquisición de bienes y servicios necesarios para enfrentar la epidemia. Recién se emitió el 11 de marzo. Para aquel entonces, el virus ya había llegado a más de una docena de países de América Latina, incluido el Perú, que ya reportaba más de diez casos. El Plan de Acción y la relación de adquisiciones al amparo de esta declaratoria recién se publica el 15 de marzo. Ese mismo día se anuncia el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional, a partir de la medianoche (léase, la cuarentena).

Un ejemplo del efecto de ello es la incapacidad para realizar suficientes pruebas moleculares. La demora en declarar la Emergencia Sanitaria impidió la adquisición oportuna de pruebas moleculares y reactivos esenciales para poder identificar los infectados, y en función a eso, implementar estrategias de seguimiento o vigilancia epidemiológica. A ello se sumaron falencias de gestión. En contraste, Chile compró 500,000 reactivos hace un mes y medio, y Colombia más de un millón de pruebas (rápidas) moleculares hace algunas semanas.

Por lo tanto, estamos actuando en buena cuenta a ciegas. El número diario de casos nos dice muy poco debido al tremendo problema en el rezago del reporte. La confusión ha aumentado ahora que el gobierno ha empezado a sumar a los resultados de las pruebas moleculares los de las serológicas. Está usando estas últimas para hacer diagnósticos que permitan ver la evolución de la epidemia, cuando está ampliamente aceptado que solo las moleculares sirven para dicho objetivo ya que las primeras arrojan muchos falsos negativos. Las pruebas serológicas son útiles para una etapa posterior– identificar a los infectados ya inmunizados para que pueden retornar sin riesgo al mercado laboral (ver Infografía 1).Elaboración: O. Arauco/La República.

Otro efecto de la demora en la declaratoria de la Emergencia Sanitaria es el no haber incrementado a tiempo las limitadas capacidades en UCI y el sistema de salud. Se pudo haber adquirido desde medicinas y equipamiento médico básico (como mascarillas y trajes especiales para la protección del personal médico) hasta respiradores mecánicos y camas UCI, las cuales limitan nuestra capacidad de atención (de casos críticos) en una epidemia como ésta.

Mirando hacia adelante el gobierno tiene que mejorar la información que provee. Por ejemplo, la sala situacional del MINSA (https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp), no muestra la evolución de hospitalizados y pacientes en UCI, que como mencionamos la semana pasada son el mejor termómetro de cómo evoluciona la epidemia en tiempo real.

Esto nos lleva al siguiente punto. El objetivo de la cuarentena no era “aplanar la curva”. Era aplastarla –por eso se usa el termino martillar–, retroceder el reloj un par de meses. Esto debería ocurrir casi inmediatamente en la realidad, aunque podría demorar dos o tres semanas en reflejarse en los números oficiales. Si lo único que logramos es aplanar un poco la curva estamos en serios problemas, porque el número de casos explotará apenas soltada la cuarentena.

Por la mala información reportada no sabemos qué está ocurriendo en realidad, pero el riesgo de que la supresión no haya funcionado y la inviabilidad económica y social de mantener la cuarentena por mucho más tiempo, le ponen incluso más presión a la política económica.  Y allí, también, ha habido (corregibles) pasos en falso.

¿Cómo van las respuestas de política económica?

El MEF acertó en movilizar recursos relativamente rápido a los hogares.  Pero no ha tenido la misma efectividad en el resto de medidas. El subsidio a las planillas y el Fondo FAE-MYPE son modestos en tamaño y con diseños que deben ser mejorados. No se han anunciado medidas sectoriales (a pesar de que es evidente que sectores como el turismo están mucho más golpeados que otros). Y la supuesta suspensión de mecanismos laborales para situaciones de fuerza mayor sin ofrecer alternativas sólo añade más tensiones al mercado laboral. El programa que si tenía un tamaño encomiable y un diseño correcto (Reactiva Perú) ha sido desnaturalizado. Lo anterior implica que transcurridas cuatro semanas de paralización económica, muchas empresas no tienen liquidez que reemplace el flujo de caja perdido. Y el sector MYPE en particular se está desangrando.

Por su relevancia, enfoquémonos en Reactiva Perú, el programa de financiamiento empresarial del BCR con garantía soberana por un total de 30 mil millones de soles (aproximadamente 4% del PBI). Lamentablemente, en el camino el MEF ha introducido cambios importantes que desnaturalizan el objetivo originalmente planteado por el BCR.

Ante la paralización económica, las empresas no generan el flujo de caja necesario para mantenerse operativas. Esto genera dos problemas: primero, no hay liquidez suficiente a nivel agregado para sostener la cadena de pagos; segundo, el acceso para las empresas más pequeñas y vulnerables a dicha liquidez es restringido. La propuesta del BCR consistía tanto en inyectar una gran cantidad de liquidez como en asegurarse que la vasta mayoría de empresas tuviese acceso inmediato a la misma.

Originalmente, el programa consistía en prestarle a las entidades financieras (EFs) para que estas a su vez presten a las empresas. Para ello realizaría operaciones de recompra (Repo) en las que, a cambio de entregar liquidez (temporal), recibe una cartera de créditos como colateral. Es un mecanismo rápido que el BCR conoce bien y que permite que el flujo crediticio se mantenga operando.

Si el programa se limitara a eso, sin embargo, la liquidez inyectada iría solamente a las empresas más fuertes y grandes—justamente las que necesitan menos ayuda. Se resuelve el primer problema (no hay suficiente liquidez) pero no el segundo (no todos tienen acceso a ella). La razón es que los bancos no tienen incentivos para prestarles a las empresas más débiles. Para atacar ese punto, el BCR planteó la siguiente innovación: una garantía soberana hasta el 100% (para las MYPE de cierto tamaño). Esto elimina el riesgo de incumplimiento para las EFs, lo cual permite que desembolsen a más empresas y que lo hagan rápidamente (ya que no tienen que evaluar a la empresa prestataria). De esta forma, el Tesoro asume el riesgo crediticio de la empresa mediante la garantía soberana, el BCR provee la liquidez y las EFs distribuyen la misma de manera amplia a empresas de todo tamaño.

Lamentablemente, el MEF decidió reducir la cobertura de la garantía a 98% (decreciendo hasta 80% de acuerdo al monto de la operación). El cambio parece menor pero de hecho es sustancial. Ahora las EFs van a tener que arriesgar capital propio para asumir el riesgo crediticio que no es garantizado por el Estado, obligándolas a realizar evaluaciones crediticias. Esto último tiene tres efectos: demoras en aprobaciones y desembolsos, incrementos en el costo del crédito (por riesgo de pérdida y costos de evaluación) y racionamiento o exclusión de aquéllos que consideren que tienen probabilidad de incumplimiento (contrariamente al segundo objetivo, que es asegurar un acceso amplio).

Pero este no fue el único cambio al planteamiento original del BCR. El MEF redujo el monto máximo del préstamo para cualquier prestatario, de tres meses de ventas a máximo un mes, y adicionalmente, agregó otro criterio basado en contribuciones a planilla, presumiblemente tratando de limitar el monto para empresas de pocos trabajadores. Con ello, se termina inyectando menos liquidez (el primer objetivo del programa) de la que necesita un gran número de empresas, dado que están viendo su flujo de caja secarse por seis semanas, y acaso más, dado el probable levantamiento gradual y progresivo de la cuarentena, cuando sea que se inicie, y el severo golpe al poder adquisitivo de las familias. En estas circunstancias, ese monto de préstamo no va a impedir, que aún varios de los que accedan a estos préstamos, igual quiebren.

El MEF señala que sus modificaciones reflejan responsabilidad frente al uso de recursos públicos—con la garantía de 98% se busca evitar evaluaciones laxas que conlleven a incumplimientos. Pero el riesgo relevante en las circunstancias actuales es el opuesto: la quiebra masiva de un gran número de empresas, sobre todo MYPE, con el consiguiente impacto sobre la destrucción de empleos y capital, y la cadena de pagos que se quiere proteger. Al MEF le preocupa menos que algunas familias reciban transferencias que no necesitan con tal que las más vulnerables sí tengan acceso al bono familiar o a liquidez (CTS, AFP). ¿Por qué aplicar una lógica distinta a las inyecciones de liquidez para MYPE?

Al MEF le preocupa menos que algunas familias reciban transferencias que no necesitan con tal que las vulnerables tengan acceso. ¿Por qué es diferente con la MYPE?

Estos no son los únicos errores de diseño. La operatividad también es compleja, asignando a COFIDE roles que no corresponden a una facilidad de liquidez. El BCR ya ha llevado la tasa de referencia a mínimos históricos, y ha desplegado toda su batería de instrumentos en cortas semanas. De allí la necesidad del respaldo del MEF.

Hay un riesgo sustancial que Reactiva-Perú se desvirtúe. Que, por ejemplo, se utilice principalmente para otorgar lineas de crédito blandas y garantizadas por el Estado a empresas muy sólidas que realmente no las necesiten.  Y que se deje de lado a empresas – sean grandes, medianas o MYPE–, que están en una situación vulnerable y con grandes necesidades de liquidez.

Pasemos, por tanto, a dar algunas propuestas que puedan ayudar a las autoridades en la búsqueda de respuestas.

Propuestas de política pública

Hay varias ajustes y vacíos que es urgente subsanar en cuanto a medidas orientadas a aliviar las necesidades de liquidez, así como las de solvencia que ya asoman (ver cuadro de propuestas).

Primero, devolverle a Reactiva Peru su diseño original. Experiencia internacional muestra que cada vez más países se están moviendo a introducir medidas similares a la planteada originalmente por el BCR, que cubren más de un mes de operaciones y tienen 100% de cobertura soberana (Alemania, Suiza, Italia). Es fundamental que se retorne al diseño original, que prioriza la inyección de liquidez, y rápido. Se debe simplificar la operatividad del procedimiento para emular un repo del BCR. Esta sería la oportunidad para adecuarse a la realidad de las MYPE (mayormente) informales y bancarizarlas, lo que requeriría además de requisitos simples de calificación. Mayor demora en enmendar esta medida le cuesta la vida a innumerables empresas cada día.

Segundo, inyección voluntaria de capital a entidades microfinancieras. Aunque los cambios al programa Reactiva Perú son urgentes, probablemente no sean suficientes. La escala del reto económico que enfrentamos es tal que debemos explorar medidas adicionales. Si bien un importante grupo de empresas medianas y grandes también enfrentan riesgos significativos, las MYPE son evidentemente mucho más vulnerables, en promedio. Además, los canales crediticios de llegada a ellas son más limitados ya que no son los clientes naturales de los bancos. Ello sugiere que debería evaluarse como fortalecer dichos canales, con carácter preventivo.

Esto podría hacerse a través de un aporte temporal de capital a entidades especializadas en microfinanzas a través de bonos soberanos (al hacerse preventivamente, se despejaría cualquier especulación sobre su solvencia actual o futura), lo cual les permitiría mayor capacidad de préstamo sin temores a que el potencial deterioro de su actual cartera comprometa su solvencia y limite su capacidad de continuar otorgando créditos. Esto se hizo en el sistema financiero de Estados Unidos durante la crisis financiera del 2008-09.

Tercero, programa de garantías y líneas de crédito para el factoring. Este instrumento se ha vuelto un mecanismo muy importante de capital de trabajo para las empresas (sobre todo para las MYPE), con más de 12 mil millones de soles transados el año pasado.  Pero el mercado se ha secado y se ha disparado la mora (con mecanismos legales de exigibilidad de pagos inoperativos). El gobierno debe entrar con garantías a las operaciones que vencían a partir del 13 de marzo. A diferencia de Reactiva Peru, en estos casos una garantía de 90% debería ser suficiente para que el mercado recupere dinamismo rápidamente, porque los pagadores en las operaciones de factoring son normalmente empresas medianas y grandes.

Cuarto, rediseñar el subsidio a planillas y vincularlo a mecanismos laborales para situaciones de emergencia. Para algunas empresas la dramática caída de ingresos de las últimas semanas se prolongará por mucho tiempo (por ejemplo, en actividades vinculadas a turismo). Estas empresas requieren adoptar medidas de reducción de costos, que inevitablemente incluyen el de planilla. Por ello, es urgente la introducción de mecanismos de incentivos de parte del gobierno para evitar despidos masivos, mientras se permite a las empresas (incluida medianas y grandes) ajustarse para subsistir. El rediseño de mecanismos disponibles para situaciones de fuerza mayor como la actual es algo que ya han estado haciendo varios países, sobre todo mediante subsidios condicionados a la planilla. En EE.UU. también se ha lanzado un programa de crédito a MYPE para financiamiento de planilla y otros gastos esenciales, con condonación al 100% si no realizan despidos.

Elaboración: O. Arauco/La República.

Estas medidas no son exhaustivas. Hay varias otras que deben explorarse en materia tributaria, de contrataciones y compras públicas, de gasto público no recurrente, de regulación de servicios públicos, de procedimientos concursales, entre otras. Sin embargo, las medidas propuestas son urgentes y esenciales para cualquier estrategia económica que esté considerando el gobierno.

Así como en materia de salud pública, la falta de reacción del gobierno nos está pasando la factura, en materia económica, las autoridades deben ser conscientes que los errores, retrasos y omisiones que nos hagan perder el paso tienen consecuencias de pérdidas bastante más dolorosas, y duraderas, para todos los peruanos.