Privatizar Sedapal
La emergencia desatada en San Juan de Lurigancho tras la ruptura de una tubería ha vuelto a poner sobre el tapete la eterna discusión sobre el rol de las privatizaciones en el Perú. Y aunque el debate es positivo, las posiciones maniqueas que a veces se observan de uno y otro lado no lo son necesariamente.
Partamos por lo evidente: algo está fallando. El aniego es un ejemplo a gran escala de lo que muchos peruanos viven día a día, que es la provisión deficiente de distintos servicios y bienes públicos, desde agua hasta pistas, pasando por educación. Aunque todavía cabe determinar si la responsabilidad por la tubería rota recae sobre Sedapal, es imposible negar que su servicio deja mucho que desear. En la capital, el abastecimiento de agua dura solo 21 horas en promedio al día, y todavía 12 de cada 100 hogares recurren a camiones-cisterna o métodos similares debido a que carecen de una conexión en su hogar (cifras de INEI al 2017).
Si el Estado viene fallando en proveer servicios de agua potable y desagüe, es razonable considerar que una gestión privada podría hacerlo mejor. La evidencia no es difícil de encontrar, pues basta con citar las experiencias de la Compañía Peruana de Teléfonos o Electro-Lima para encontrar ejemplos. El servicio privado actual, aunque imperfecto, es no obstante muy superior al ofrecido por las ahora extintas empresas públicas mencionadas. La gestión privada de servicios considerados de interés público, incluso aquellos con potencial control monopólico como la electricidad y la telefonía, puede ser y de hecho es exitosa. Señalar lo contrario requiere vivir con los ojos cerrados.
No obstante, quienes venden la privatización como una suerte de panacea le hacen un flaco favor a la empresa privada y el libre mercado. Los problemas complejos rara vez se resuelven con recetas sencillas. “Privatización y punto” es un bonito eslogan, pero una pésima política pública. A diferencia de lo que sus promotores más extremistas sugieren, la privatización no elimina el rol del Estado, solo lo modifica. Privatizar un servicio como el agua requiere de un esquema de concesión apropiado, un concurso público eficaz y un organismo regulador autónomo. Cuando el Estado falla en una o más de estas labores, la privatización falla también.
Esto último parece ser el caso de Aguas de Tumbes, una concesión a treinta años que tuvo que ser cancelada en el 2018. ¿La razón? Los resultados estuvieron muy por debajo de lo prometido: la cobertura del servicio de agua y alcantarillado no fue expandida, el concesionario no invirtió recursos propios, y metas de gestión como continuidad del servicio y tratamiento de aguas servidas fueron incumplidas. No obstante, lo que resulta más irónico de este caso es que su privatización en el 2005 buscaba en parte ser un ‘piloto’ que demostrara los beneficios de privatizar el servicio de agua en otras localidades, incluyendo Lima.
Como sucede a menudo, las privatizaciones se resisten a análisis simplistas que ven todo en blanco y negro. Sabemos que hay casos exitosos así como fracasos estrepitosos. Si lo que se busca es mejorar el servicio de agua, entonces hay que preguntarse qué pasó con la privatización del agua en Tumbes para evitar que esa experiencia se repita. Otro tipo de debates, dominados más por ideología que por análisis, solo nos hacen perder el tiempo.
