Protección de los hogares durante la contención, ¿cómo vamos?
Fuente imagen: ANDINA.
Las medidas emitidas en materia de protección social han ido de manera tímida en la línea correcta en el lado de la asistencia social, universalización de transferencias monetarias temporales para atender a antiguos y nuevos pobres. Pero aún existe, sobre todo, un vacío en políticas en materia laboral.
A seis semanas de iniciadas las medidas de contención a la crisis sanitaria y económica generada por el Covid-19 es claro esta afecta y limita la vida, salud, el bienestar y libertades de todos los peruanos como la de millones de personas a nivel mundial. Sin embargo, ya se aprecia el desproporcional impacto negativo en los hogares pobres y vulnerables, quienes en su mayoría han visto medios para subsistir, sin posibilidad de generar su ingreso diario o habiendo perdido su empleo en un sector informal donde los beneficios sociales no los alcanzan porque simplemente no se encuentran en los registros.
Desde el inicio de las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno, expertos en protección social en la academia y de los organismos de desarrollo a nivel internacional han enfatizado que las poblaciones pobres en la crisis no solo se constituyen por los antiguos pobres precrisis, sino que las medidas de aislamiento necesarias para contener la expansión del Covid-19 generarían nuevos pobres. Aquellos independientes, los informales, los que viven del día a día a los que ahora se les pide no salir a trabajar, así como los nuevos desempleados producto de la paralización de la economía. Esto en base a la experiencia de crisis anteriores y modelos de asistencia social.
En ese sentido, la recomendación para economías con relativa fortaleza fiscal ha sido i) universalizar beneficios de manera temporal para asistir a los antiguos y nuevos pobres, no solo durante el aislamiento sino también durante la recuperación, ii) garantizar la efectiva entrega de los beneficios y, iii) aprender de esta experiencia para generar bases en los canales de protección social a futuro que no existían. Lo primero considerando que los ahora pobres constituirán la mayoría poblacional, la complejidad de obtener información de estos sectores para focalizar, y el hecho de que se requiere una respuesta rápida en un contexto donde se debe minimizar la movilización poblacional.
Luego del primer anuncio de inmovilización por parte del gobierno, durante las siguientes seis semanas siguieron una serie de medidas de protección social que proponía medidas focalizadas en las poblaciones pobres según data precrisis que no capturaba la situación actual. Luego se expandieron de manera fragmentada a grupos específicos, como un subgrupo de independientes y un subconjunto de poblaciones rurales. Ello no refleja la cantidad real de los hogares que ahora se encuentran en crisis, ni las fortalezas fiscales del país para atenderlos.
Este pasado jueves 23, junto con el último anuncio de extensión de la cuarentena por dos semanas más, se ha anunciado la universalización del bono de 760 soles mirando el otro lado del pastel: excluir solamente a los que, de manera comprobada, son no pobres, con lo cual el beneficio llegaría al 75% de hogares. Esta medida, que aunque llega con retraso considerando el contexto de crisis donde cada día cuenta, finalmente guarda coherencia con las necesidades reportadas por la población. Según la última encuesta de Ipsos apoyo, un 35% de encuestados reporta que en sus hogares se ha dejado de percibir ingresos. Sumados a un 31% que reportaron que los ingresos de sus hogares se han reducido muy considerablemente, casi 7 de cada 10 hogares se encontrarían en alta vulnerabilidad para afrontar la crisis; población que en su mayoría no tiene acceso a ahorros, CTS o Fondos de AFP que los respalde en la transición a lo que se ha llamado la nueva normalidad.
Este giro en materia de focalización, expandiendo la población objetivo, es un primer eslabón positivo hacia dónde las políticas de protección social deberían ir en el contexto de crisis. Si bien mucho de lo que los países vienen implementando en esta materia viene en modo ensayo error, urge que el gobierno demuestre una capacidad de aprendizaje rápido y evalúe de manera ágil y seria las iniciativas de gasto en esta materia.
De otro lado, más allá de poner bajo la lupa la extensión de los beneficios, hay que poner en contexto si el tipo de mecanismos de protección social que se vienen anunciando son idóneos y costo-efectivos. El Banco Mundial informa que los países vienen respondiendo a la pandemia desde el lado de la protección social con medidas de asistencia social, seguros y programas laborales. Las transferencias monetarias, compensaciones por tiempo de enfermedad y seguros de desempleo han sido las principales medidas que los países han venido implementado para enfrentar la crisis. En el caso peruano, las principales medidas emitidas han ido en la línea de asistencia social, específicamente transferencias monetarias temporales, en tanto a pesar de que la crisis en materia laboral ya se viene percibiendo como lo afirma la Organización Internacional del trabajo, aún existe un vacío de políticas en el lado laboral.
Asimismo, varios países de ingresos medios han implementado subsidios de los servicios básicos (especialmente garantizando el acceso a agua), exención de pago de hipotecas y otras obligaciones financieras, como es el caso de Colombia y el Salvador. En el Perú, los primeros no se han implementado y, por el lado de la negociación de obligaciones financieras, el énfasis no ha sido mayor. Finalmente, la ayuda a personas sin hogar sí ha ido por el lado de proveer de manera directa alojamiento, alimentación, kits de higiene e información. Esto si bien ha sido implementado por la Municipalidad Metropolitana de Lima y recomendado para todos los gobiernos locales, no hay evidencia de una implementación extendida a nivel nacional.
Las medidas dictadas hasta el momento, como el bono 380 para hogares pobres, el bono 380 para independientes, la transferencia de 760 para hogares rurales, y ahora el bono universal 760, pertenecen a la categoría de transferencias monetarias no condicionadas temporales que, según la evidencia, son las medidas de menor costo y mayor efectividad para ayudar a los hogares en comparación con entregar un voucher de alimentos o productos en especie. En ese sentido, se puede afirmar que Perú ha ido de manera tímida en la línea correcta. Salvo el caso de la asignación de recursos a los gobiernos locales para entregar canastas de alimentos, medida que en este contexto de necesidad de aislamiento social y altos costos logísticos y de control anticorrupción se torna ineficiente con respecto a las transferencias de dinero.
Ahora que finalmente se ha llegado a un consenso en la universalización del beneficio, urge que avancemos a todo vapor para garantizar que efectivamente la ayuda llegue a los hogares. Si bien las medidas de asistencia fueron dictadas, aunque de manera focalizada desde inicios del mandato de inamovilidad, una buena parte de la población que fue priorizada reporta no haber recibido aún las transferencias. Algunas lecciones importantes:
Es claro que la falta de un sistema digitalizado de delivery, que no estaba en marcha antes de la crisis, y la falta de infraestructura junto a la limitada inclusión financiera de los hogares hace retador alcanzarlos con rapidez. En tanto, se esperaría que eliminando las fricciones de la fase de focalización con la universalización del bono 760 en algo aligeren la marcha. Una revisión global de las respuestas en protección social en el marco de la crisis realizada por el Banco Mundial encuentra evidencia clara de que la ampliación de los programas nacionales de transferencia de efectivo en emergencias puede mejorar la puntualidad de la asistencia y proporcionar eficiencia de costos. De otro lado, dado que se trabaja sobre la base de los mecanismos de pago existentes, se tienen que evaluar las formas de pago digital viables de acuerdo con los diversos contextos locales.
Lecciones del manejo de crisis como la del Ébola que presentaron similares retos logísticos para garantizar la entrega de los beneficios, enseñaron que llevar asistencia social de manera efectiva y oportuna a los hogares en tiempos de crisis requiere de abrir canales de comunicación directos con la población. La población debe tener formas de comunicar sus necesidades y brindar retroalimentación. Es clave que los gobiernos locales y los operadores en campo que se encuentran cerca de la población sean aliados en recibir y ascender dicha información. Asimismo, es clave la colaboración comunitaria, reportando casos, sobre todo los de poblaciones vulnerables como, por ejemplo, ancianos en abandono o poblaciones con discapacidad en pobreza.
Finalmente, este ejercicio en emergencia debe permitir sentar bases y aprendizajes para ir hacia un sistema de protección social de alerta temprana; datos oportunos y precisos sobre necesidades y vulnerabilidad; un sistema desarrollado de focalización, verificación y desembolso de fondos de manera digital; y aprendizajes sobre asociaciones sinérgicas entre actores públicos, privados y no estatales para el delivery de los beneficios de protección social.
