Reforma política: Cambios para que todo siga como está (1)

“Si queremos que todo siga como está es necesario que todo cambie”

Tancredi, en Gatopardo

El 28 de julio el presidente Martín Vizcarra propuso dos grandes paquetes de reformas: la reforma de la justicia y la reforma política. Ambas buscan dar una respuesta institucional a la grave crisis por la que atravesamos con el objetivo de lograr cambios que ayuden a recuperar la confianza de la ciudadanía en los organismos involucrados. Si bien el objetivo del gobierno es noble, lo cierto es que se tratan de propuestas de reforma desiguales, debido, probablemente, a los procesos seguidos en su elaboración.

Distintos procesos, distintos productos

La reforma de la justicia planteada se basa en el trabajo técnico de la Comisión que presidió el diplomático Allan Wagner, integrada por personas con experiencia pública y privada, quienes convocaron a distintos expertos en la materia para recoger sus aportes. El trabajo de esta comisión se llevó a cabo por un plazo breve de pocas semanas, pero es importante recordar que no empezó de cero, pues contaba con antecedentes como el ambicioso plan reformador elaborado por la multisectorial Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia en el Perú (CERIAJUS) y con el trabajo de diálogo impulsado por el Acuerdo Nacional por la Justicia. Es decir, las propuestas de reforma de la justicia anunciadas por el presidente Vizcarra traían detrás años de reflexión y análisis por parte de especialistas y de las instituciones involucradas en la problemática.

Lo mismo no ha sucedido con las propuestas de reforma política. Lo planteado por el presidente Vizcarra en su discurso no es fruto del trabajo de una comisión de expertos, o de algún debate previo sobre la materia. No recibió aportes de los partidos políticos, del Acuerdo Nacional o de la sociedad civil especializada en estos temas.

Y esta diferencia en los procesos puede explicar los productos tan disímiles frente a los que nos encontramos. Mientras la propuesta de reforma de la justicia tiene una mirada integral y objetivos claro, las reformas políticas – que son principalmente la no reelección de congresistas y la “bicameralidad limitada” – son propuestas desarticuladas, que parecen más pensadas para las tribunas que para lograr cambios significativos. En el presente artículo, analizaré la propuesta de no reelección y en una siguiente entrega, la de bicameralidad.

 Las reformas políticas – que son principalmente la no reelección de congresistas y la ‘bicameralidad limitada’ – son propuestas desarticuladas, que parecen más pensadas para las tribunas que para lograr cambios significativos

 Prohibición de reelección de congresistas

Resulta poco elegante que, siendo congresista, esté escribiendo sobre una medida que podría afectarme directamente. Sin embargo,  lo hago con la tranquilidad de haber escrito en contra de la propuesta en un artículo publicado en Semana Económica tres años antes de recibir la propuesta de postular al Congreso. Por lo tanto, sin pudor, puedo señalar que se trata de una mala propuesta, pues ignora la realidad y no ayudará a cambiar en nada al Parlamento.

En su mensaje presidencial, el presidente Vizcarra señaló lo siguiente: “Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del Presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados”.

En el proyecto de ley, se recoge como argumento principal lo dicho por el presidente Vizcarra en su discurso: “El Presidente de la República, los gobernadores regionales y los alcaldes, al igual que los Congresistas de la República, son autoridades elegidas por sufragio directo; sin embargo, tan solo en el caso de estos últimos persiste la posibilidad que puedan ser reelegidos (…) Se evidencia, en lo antes dicho, un tratamiento legislativo diferente sin una justificación propiamente objetiva. Todas las autoridades previamente mencionadas son elegidas por el pueblo de manera directa y responden a las mismas exigencias de transparencia y de desprendimiento de los cargos públicos para efectos de institucionalizar cada vez más la democracia en nuestro país”.

Hay dos problemas con esta línea de argumentación. La primera es que la lógica de los puestos que se señalan es distinta. La posibilidad de utilizar recursos públicos y de abusar del puesto para perpetuarse en el cargo es mucho más alta en el presidente de la República – que concentra de manera individual mucho poder – que en los 130 integrantes del Congreso de la República, que no tienen iniciativa de gasto. La segunda es que esa justificación presupone como adecuada una decisión que fue muy controvertida en su momento: prohibir la reelección de gobernadores regionales y alcaldes. El Congreso lo aprobó con la justificación de luchar contra la corrupción, pero la realidad, en estos cuatro años, ha evidenciado lo que el sentido común ya nos hacía intuir: quien roba en ocho años, también roba en cuatro. En ese sentido, esta arbitraria prohibición ha evitado que los vecinos puedan premiar a una gestión exitosa con un periodo adicional para consolidar sus proyectos.

Otro de los argumentos utilizados por la exposición de motivos del proyecto de ley es que la prohibición de reelección favorecerá la renovación del Congreso. En esa misma línea, ha declarado el premier César Villanueva en una reciente entrevista: “No queremos un Congreso que se enquiste, sino que se renueve constantemente”.

El problema con este argumento es que no toma en cuenta un hecho de nuestra realidad: en cada elección, nuestro Congreso se renueva de forma considerable. Si analizamos los últimos tres procesos electorales, veremos que más de dos tercios de los congresistas elegidos son congresistas nuevos. Tenemos una de las tasas más bajas de reelección de congresistas de toda la región. Es decir, la propuesta planteada no tiene un impacto considerable, pues, en la práctica, la gran mayoría del Congreso se renueva.

Lo que sí logra este proyecto es evitar que esa renovación permanente venga acompañada de algo de experiencia. También limita la posibilidad que los ciudadanos decidan continuar con un representante que ya les ha demostrado “en la cancha” que los representa de manera satisfactoria. Y, además, elimina uno de los incentivos que existen para que los congresistas se aseguren de mantener un contacto directo y permanente con los ciudadanos durante sus cinco años de trabajo parlamentario.

¿No reelección o revocatoria?

El tercer y último argumento que utiliza la exposición de motivos del proyecto de ley es que esta medida cuenta con gran respaldo popular. Y creo que aquí está el motivo por el cual el Ejecutivo decidió presentar este proyecto: la gente lo respalda. Si bien es interesante y necesario saber el sentir ciudadano respecto a una propuesta de reforma política, resulta inconveniente y hasta peligroso que este sea finalmente la única justificación real que sostenga la propuesta. Esto se debe a que si aceptamos que esto sea así, ¿dónde ponemos el límite al argumento? Por ejemplo, estoy seguro que sí planteamos en el referéndum la posibilidad que no exista Congreso y que estas tareas sean asumidas por el Ejecutivo, habría grandes posibilidades de que sea aprobado.

Si analizamos los últimos tres procesos electorales, veremos que más de dos tercios de los congresistas elegidos son nuevos. Tenemos una de las tasas más bajas de reelección de toda la región. Es decir, la propuesta planteada por el gobierno no tiene un impacto considerable.

Además, es importante considerar cuáles son los motivos por los cuales la gente apoya esta medida. Con el nivel de desaprobación actual (cercana al 100%), la gente busca acciones que permitan cambiar radicalmente la conformación y el funcionamiento del Congreso. Así, la propuesta de no reelección funciona como una suerte de revocatoria de congresistas. El detalle está en que, como hemos identificado, el problema no es la falta de renovación del Parlamento: Si el 2021 se cambia al 100% de congresistas, y se mantienen las mismas reglas de elección, el nuevo Congreso tendrá características muy similares al actual o a los anteriores, lo que llevará a un desprestigio similar.

Aquí está la clave del problema: la falta de la visión integral de la reforma. No se trata solo de cambiar el actual Congreso, sino de garantizar que el nuevo sea más representativo y de mayor calidad. La reforma política debió incluir en el debate la renovación por mitades, la limitación (o eliminación) de la inmunidad parlamentaria, la democratización y apertura de las primarias en los partidos políticos, y una bicameralidad con un diseño inteligente, distinta a la “bicameralidad limitada” planteada por el Ejecutivo. Este último punto lo analizaré en la siguiente entrega de este artículo.