Responsabilidad y prudencia

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Si Vizcarra no tomaba esta decisión, muy probablemente habríamos asistido a la designación de magistrados del TC y a un reforzamiento de las fuerzas opuestas a la lucha contra la corrupción y a las reformas política y de justicia.

El Perú enfrenta el momento político más crítico desde el retorno a la democracia. Las causas y las responsabilidades son varias y trascienden el corto plazo. Hemos llegado a este punto porque postergamos continuamente una agenda que resultaba visiblemente prioritaria desde hace ya bastante tiempo. Nuestra precaria institucionalidad y la dimensión que alcanzó la corrupción no solo limitarían la posibilidad de mantener una senda de desarrollo sostenido que beneficiase a los peruanos, sino que nos empujaría inevitablemente a una situación como la que enfrentamos hoy.

Sobre lo ocurrido en los últimos meses, aunque sería más preciso decir los últimos tres años, también es posible afirmar que la tensión Ejecutivo-Legislativo le ha hecho mucho daño al Perú. En ese contexto, el adelanto de elecciones para los dos poderes del Estado se presentaba como una alternativa de solución política a la crisis. Sin embargo, además del archivamiento del proyecto presentado por el Ejecutivo, la pretendida elección apresurada de seis magistrados del Tribunal Constitucional, muchos de ellos con cuestionamientos no menores, terminó por convertirse en la variable que desencadenó la disolución del Congreso. La sucesión de infracciones constitucionales cometidas por la Mesa Directiva y la mayoría congresal el día lunes, no hacen sino confirmar el nulo respeto que tenían por las instituciones democráticas.

También está claro que la prisa por designar a seis magistrados del Tribunal Constitucional escondía un interés por terminar de copar una institución clave del orden jurídico del país, y que con alta probabilidad podría jugar un papel fundamental en controversias que están por resolverse.

Ahora bien, aun considerando lo anterior, ¿es constitucional la decisión que tomó el Ejecutivo? No hay consenso en las posiciones de los constitucionalistas. Lo que sí está claro es que la cuestión de confianza presentada por el primer ministro ante el Pleno del Congreso el lunes por la mañana, le abrió un camino legal más claro al Ejecutivo que el que tenía con el adelanto de elecciones. También lo es que si Vizcarra no tomaba una decisión como la que tomó, muy probablemente ya habríamos asistido no solo a la designación de los magistrados del TC, sino a un reforzamiento de las fuerzas opuestas a la lucha contra la corrupción y a las reformas política y de justicia. Es también altamente probable que desde el Congreso se hubiese buscado un proceso de vacancia presidencial. Es decir, no sólo la inestabilidad política hubiese continuado con una alta dosis de incertidumbre, sino que los esfuerzos de fortalecimiento institucional y de lucha contra la corrupción hubiesen fracasado. Es por ello que si bien la solución final del Ejecutivo puede no ser la ideal, tal vez esta sea la que tiene un menor costo para el país. No había soluciones posibles sin costo alguno.

Con la disolución del Congreso, no obstante, no se acaba la crisis. Podríamos estar apenas en el inicio de una solución que, además, no es clara. Por eso, resulta de suma importancia que en los próximos días y semanas el Ejecutivo se maneje con responsabilidad y prudencia. Y, tan importante como ello, que esta etapa sea aprovechada para impulsar un verdadero proceso de reformas que nos permitan superar la crisis de legitimidad del sistema político y judicial. Si ese objetivo no se consigue, toda esta crisis podría no haber servido para mucho.

En esta línea, es de suma importancia que el caso Odebrecht siga permitiéndonos conocer a todos aquellos involucrados en el caso de corrupción más grande de la región. Las declaraciones que dará Jorge Barata esta semana, en las que señalará a qué congresistas corresponden los codinomes de quienes recibieron dinero de Odebrecht, nos permitirán aclarar el panorama, pero a la vez reforzará la sensación de hartazgo que expresan la mayor parte de peruanos. De ahí la relevancia de que el gobierno demuestre ahora que su única virtud no era la confrontación con el Congreso, sino que está en capacidad de emprender reformas que nos permitan fortalecer la lucha contra la corrupción y la institucionalidad del país.