noviembre 23, 2024

Sobre paridad, igualdad y justicia

Mi amigo Federico Salazar celebra ayer en El Comercio que no se haya aprobado el principio de paridad de género en la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Sostiene que esto habría atentado contra el principio de igualdad ante la ley y también contra la propia dignidad de las mujeres. Tratarlas como si necesitaran de una “ayudadita” para acceder a esos puestos habría sido insultante: “A mí me daría vergüenza ser elegido por mi género (que no es el fruto de mi esfuerzo) en vez de mis méritos (que son el fruto de mi esfuerzo)”, nos dice.

Federico parece hacer abstracción de la realidad para asumir que nuestra sociedad ofrece una cancha suficientemente pareja, donde hombres y mujeres tenemos básicamente las mismas oportunidades y no necesitamos más que de nuestros méritos para progresar en la vida.

Pero lo cierto es que en el mundo real a las mujeres aún se las excluye recurrentemente de las posiciones de poder y autoridad, aun teniendo los méritos para ocuparlas. Cuando excepcionalmente ocurre lo contrario, suele tratarse de mujeres extraordinariamente calificadas.

No es que haya poca oferta de mujeres preparadas. Los Censos Nacionales del 2017 señalan que 50.1% de quienes tienen estudios universitarios completos en el Perú son mujeres. Sin embargo, solo 4 de las 34 presidencias de cortes superiores del país recaen sobre ellas; apenas 4 de 18 integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema son mujeres; y una sola aparece entre los siete magistrados del Tribunal Constitucional (la segunda en la historia de la institución). En el sector privado, la situación no es mejor: solo el 9.2% de las plazas en directorios de empresas del mercado de valores limeño son ocupadas por mujeres. El porcentaje no es muy distinto en la lista de socios principales de los más prestigiosos estudios de abogados.

No me gusta en sí misma la idea de las cuotas, pero creo en ella como mecanismo temporal para buscar corregir una realidad innegablemente injusta. Al asegurarnos de elegir un número paritario de mujeres en posiciones de poder, optamos por ir construyendo una sociedad que, a su vez, nos irá acostumbrando a la idea?—?por lo demás, cierta?—?de que ellas pueden perfectamente ocupar esas posiciones.

Nuestra casi nula inclinación como sociedad para imaginar a las mujeres en esos roles hace que muchas de ellas sientan que no les corresponden. Niñas y niños crecen en un mundo donde esas posiciones son mayoritariamente ocupadas por hombres, por lo que asimilan como natural identificar a la autoridad como un ejercicio fundamentalmente masculino. Es la poderosa fuerza acumulada de esa costumbre la que sistemáticamente relega a las mujeres y despeja el camino para los hombres.

La idea de la paridad merece apoyo porque, al garantizar que al menos la mitad de las posiciones de autoridad sean ocupadas por mujeres, las nuevas generaciones crecerán expuestas a un sentido común que hace justicia a la realidad: mujeres y hombres tenemos el mismo potencial y, por lo tanto, también derecho a tener similares expectativas. Idealmente, la necesidad de recurrir a cuotas desaparecerá con el tiempo. Y entonces, con la cancha ya pareja, solo hará falta el mérito como criterio para decidir.

Mientras tanto, cabe que nos preguntemos cuánto sentido tiene defender el abstracto principio de igualdad ante la ley cuando al hacerlo se contribuye a perpetuar la muy concreta desigualdad persistente entre hombres y mujeres. Seguros como tantos hombres nos sentimos de merecer la posición que ocupamos, no está demás detenernos a considerar que quizá el género jugó a nuestro favor. Efectivamente, da vergüenza.