Tiempo de decisiones
Tras el ingreso de un nuevo ministro de Economía y Finanzas, el segundo de la gestión Vizcarra y el quinto en menos de dos años, es evidente la necesidad de que el ministro Oliva le brinde estabilidad y predictibilidad al MEF, y logre articular una agenda económica coherente de gobierno. Han transcurrido dos años en los cuales se ha desperdiciado la mejora de condiciones externas. A su vez, en sus primeros tres meses, el gobierno del presidente Vizcarra ya ha sufrido un desgaste importante por errores que pudieron evitarse. Sin embargo, aún tiene una oportunidad para definir los puntos centrales de su agenda económica y abocarse a la toma de decisiones. Recordemos que quedan más de tres años del periodo de gobierno. Entonces, ¿cuáles son los retos económicos para el gobierno y el nuevo ministro?
El primer reto está relacionado con el crecimiento económico y la mejora de otros indicadores debienestar de los peruanos. Sin embargo, contrario a lo que pudiera pensarse, la reactivación de corto plazo no debiera ser el centro de atención del gobierno, pues esta ya se está ocurriendo inercialmente. La desaceleración del año pasado respondió a una serie de errores de origen interno, los que incluyen los relacionados con la política económica, pese a un contexto externo benigno. Recordemos que, al tercer trimestre del 2016, el crecimiento anualizado ya estaba en 4.4%. La recuperación que nuevamente empezamos a observar tiene mucho de efecto rebote, apoyada además en estos vientos externos favorables y en un presupuesto mayúsculo de inversión pública para este año. Lamentablemente, ni controlamos el contexto externo ni podemos continuar apoyándonos en impulsos públicos. El verdadero desafío es darle sostenibilidad a esta recuperación y generar mejores condiciones para el crecimiento de la economía en el mediano plazo. Ello requiereestabilidad y reglas de juego claras, así como políticas de impulso a la productividad que permitan generar nuevos polos atractores de inversión y generación de empleo. Hay reformas de naturaleza micro y sectoriales que no son políticamente sensibles, aún en un escenario de apetito reformista limitado de parte del Ejecutivo.
El segundo reto, que devino en la renuncia del ex ministro Tuesta, es la consolidación de las cuentas fiscales. El actual gobierno se propuso afrontarlo en su inicio, previo a retroceder parcialmente ante críticas y presiones. No estamos ante una “crisis” como irresponsablemente han señalado algunos; sin embargo, en ausencia de medidas significativas de ingresos que puedan reducir gradualmente el déficit fiscal, sí se erosionaría eventualmente la credibilidad fiscal del país o tendrían que efectuarse recortes importantes a un gasto público que ya es bajo, contrario a lo que algunos afirman. O ambos. La reforma tributaria que se requiere debe ser de carácter amplio y debe incluir medidas deadministración tributaria y de lucha contra la evasión y la elusión, además de otras de política tributaria. Las medidas requeridas son conocidas y ya existen propuestas con sustento técnico listas a ser ejecutadas. Dado el otorgamiento de facultades delegadas de parte del Congreso, ahora quedamos a la espera de la decisión política de parte del Ejecutivo. ¿Podrán las medidas en evaluación generar recursos adicionales suficientes? No hay manera de saberlo mientras no se aprueben e implementen. Además, varias de ellas irán generando recursos incrementales de manera gradual, razón por la cual es imprescindible adoptarlas en los próximos meses. Si no tomamos conciencia todos- gobierno, sector empresarial, ciudadanos- respecto de la necesidad de esta reforma, estaremos, allí sí, incubando problemas fiscales con consecuencias nocivas que perfectamente podemos evitar. Por ello, el otorgamiento de facultades delegadas de parte del Congreso al Ejecutivo es muy importante, dada la naturaleza técnica de las medidas.
Otro reto no menor se refiere a la dinámica Ejecutivo-Congreso. Es fundamental que el Ejecutivo pueda establecer un mecanismo de coordinación eficaz con el Congreso, de manera que este deje de aprobar leyes distorsionantes y con altos costos fiscales, cuya legalidad es, cuando menos, dudosa, por no decir que, en varios casos, son abiertamente inconstitucionales. Evidentemente, la coordinación entre poderes del Estado depende de la voluntad de ambas partes. Sin embargo, si elEjecutivo no propone una agenda priorizada, que va más allá de las facultades delegadas, y muestrafirmeza en impulsarla simultáneamente a oponerse a los despropósitos del Congreso, inclusiveusando todas las herramientas legales que la Constitución pone a su disposición, lejos de ver un escenario reformista, continuaremos presenciando uno de contra-reformas.
Una precondición para todo esto es que se ordenen los roles al interior del equipo de gobierno. Tradicionalmente y por competencias, el MEF es quien articula y lidera dentro del Ejecutivo la agenda económica, y responde directamente ante el presidente. Ello no implica que no haya las necesarias coordinaciones con otros sectores, incluida la PCM, la cual, a su vez, tiene por función articular la estrategia política del gobierno. Es importante recordar que las decisiones económicas deben responder a fundamentos técnicos y no pueden perder de vista los objetivos de mediano plazo, si bien tampoco puedan desconocer las restricciones del entorno en el cual operan. Las consecuencias de la pérdida de este balance interno en el gobierno las hemos visto en los últimos dos años e incluyen ausencia de objetivos económicos definidos, erratismo, y cesión a presiones y retrocesos, lo cual se traduce en incertidumbre, confusión y debilitamiento institucional. Asociado a este reto, se puede identificar el de repotenciar los cuadros técnicos del MEF, que se han vistodebilitados sustantivamente en estos últimos dos años.
En medio de la austera situación fiscal que se avecina, el motor de crecimiento necesariamente debe trasladarse al sector privado, fundamentalmente a la recuperación y sostenimiento de la inversión de las empresas y del consumo de los hogares. Esto solo es posible en un contexto de estabilidad de reglas de juego y confianza en la coherencia del gobierno.
